PP y Vox acotan la investigación de las Corts al sector público a la etapa del Botànic

El bipartito aprueba la comisión parlamentaria para auditar las empresas públicas del Consell entre 2015 y 2023 con el voto en contra de PSPV y Compromís

Los socialistas señalan la "casualidad" de que se dé luz verde a esta investigación el día después de la salida de Mako Mira

Fullana entrega el libro 'Ciudadano Zaplana' a Vox.

Fullana entrega el libro 'Ciudadano Zaplana' a Vox. / Levante-EMV

Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

Lo difícil para contar una historia siempre está en dónde situar su inicio. Para PP y Vox, el comienzo del relato de la investigación sobre el sector público se ha de poner en 2015, cuando entró el Botànic en el poder y se incrementó en más de 2.000 millones en ocho años el gasto en empresas públicas. Para PSPV y Compromís, la historia es anterior, 1995, cuando entró el PP por las que, recuerdan, hay ya investigaciones judiciales en marcha al respecto. La mayoría, sin embargo, es de los primeros y han circunscrito la comisión a los últimos ocho años.

Las Corts examinará los últimos ocho años del sector público valenciano en una comisión de investigación. Es la primera que se aprueba en esta legislatura. Los votos de populares y voxistas han servido para sacar adelante su propuesta, circunscrita a las actuaciones desde 2015, y tumbar las peticiones de Compromís y PSPV de que la documentación analizada y la citación de comparecencias fueran más allá, 20 años atrás, hasta 1995 recordando investigaciones de corrupción en empresas públicas con el PP en el poder como Ciegsa o las ITV.

Y en toda historia, importan los nombres; y el debate parlamentario ha estado plagado de notables, aunque pocos presentes en el hemiciclo. Los únicos dos que podían estar, Carlos Mazón, por una parte, y Gabriela Bravo, por la otra, no se encontraban en el pleno. Las menciones al primero han sido de los diputados de PSPV y Compromís, José Muñoz y Gerard Fullana, incidiendo que el hoy 'president' ya estaba en la administración autonómica en 1995 y por eso no quieren investigar ese periodo y que es "hijo político" de Eduardo Zaplana, también habitual en las menciones.

La diputada de Vox, Teresa Ramírez, presenta un gráfico sobre el sector público de la Generalitat.

La diputada de Vox, Teresa Ramírez, presenta un gráfico sobre el sector público de la Generalitat. / José Cuéllar/Corts

A Bravo, por su parte, el señalamiento le ha llegado especialmente del parlamentario del PP, Fernando Pastor, quien le ha recordado el incremento de las contrataciones por parte de la SGISE (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias) sin justificaciones, algunas de ellas a las puertas de las elecciones. Esta es solo un ejemplo, ha indicado Pastor, quien ha recordado que hay 22 empresas públicas "señaladas" por "pagos sin autorización, saltándose los mecanismos de control, duplicidades en el gasto y pagos a terceras personas sin control ni autorización".

Ábalos y Koldo

Otros nombres propios con varias menciones, aunque más desde las bancadas que desde la tribuna, han sido los de Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos. "Koldo, Koldo, Koldo", han comenzado a decir varios diputados del PP cuando el síndic socialista criticaba que estas auditorías son una forma de "generar un halo de sospecha que no existe", algo que ha calificado de "Operación Kitchen" al utilizar los "recursos públicos para perseguir a la alternativa política" y ha insistido en que fueron los 'populares' los que "rompieron y corrompieron el sector público valenciano".

Previamente, Fullana ha lamentado los usos fraudulentos de aquellos fondos públicos que debían ir para solucionar la pandemia. Y esta condena, ha dicho, "incluye todos los actos ilícitos, del señor Koldo y la falta de supervisión de Ábalos, pero también a la consellera de Turismo, Nuria Montes, que recibió dinero público para pagar su sueldo" en Hosbec. El diputado de Compromís se refiere a la subvención que recibió la patronal hotelera en la pandemia por parte de la Diputación de Alicante y de la que una parte, 55.000 euros, fueron a pagar el salario de la que entonces era secretaria general.

El último nombre citado en el debate ha sido el de María José 'Mako' Mira, hasta el martes, secretaria autonómica de Economía, puesto del que cesó tras el último pleno del Consell tras continuar desde el anterior Gobierno del Botànic, una salida que, tal y como ha señalado Muñoz, coincide un día antes de la aprobación de la comisión. "Qué casualidad", ha indicado el portavoz socialista quien ha remarcado que pese a que el actual Ejecutivo autonómico haya criticado al sector público durante el Botànic ha mantenido siete meses a la que fue su máxima responsable.