Las empresas de una planta de residuos pagaron 2,2 millones al cuñado de Rita Barberá

La unión temporal de empresas «Los Hornillos» formada por las empresas Sufi (50%), Corporación F. Turia (20%) y Cyes Infraestructuras (30 %), adjudicataria el 7 de febrero de 2005 de la planta de tratamiento de residuos en Quart de Poblet, alcanzaron un acuerdo con José María Corbín para el «pago de 2.250.000 euros». De esta cantidad, «al menos 450.000 euros serían en efectivo y, los restantes, a través de facturación que se habría prolongado hasta el 21 de febrero de 2013», según concluyen los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el último informe aportado al caso Azud. De otras empresas, Corbín habría podido cobrar hasta un total de cinco millones de euros, según la información que manejan los investigadores de esta causa que indaga el Juzgado de Instrucción 13 de València, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil.

"Contratamos a Corbín porque se movía bien por el Ayuntamiento de València"

No queda claro en concepto de qué el abogado José María Corbín, cobró esta desorbitada cantidad de dinero ya que ni las empresas, ni sus representantes han podido aportar a los agentes de la UCO de la Guardia Civil algún trabajo realizado por el letrado y cuñado de la alcaldesa de València de 1991 a 2015, Rita Barberá. Un testigo declaró a la Guardia Civil que «cuando se conforma la UTE y se realizan las primeras reuniones, comienza a aparecer José María Corbín en calidad de asesor con un contrato de prestación de servicios a largo plazo a la UTE» para un periodo de diez años. Aunque en 2006 se redujo la duración a ocho años, que finalizaron el 31 de diciembre de 2013.

A los pocos meses de formalizar este contrato privado, este mismo testigo confirma a la Guardia Civil que «los órganos directivos de las empresas que conformaban la UTE -en el caso de Cyes el empresario Felipe Almenar- deciden rescindir este contrato de asesoramiento con Corbín». La causa es que «no consideran adecuado tener un contrato de este tipo con esta persona al ser cuñado de la alcaldesa del Ayuntamiento de València, Rita Barberá». 

Un cambio a la que «Corbín se niega porque considera que era un acuerdo que había tomado con los presidentes de las tres UTE». Una de las cuales, Corporación F. Turia, forma parte del el grupo de empresas que pertenece a la familia Carpi, también propietaria de la antigua cementera Turia en Burjassot, y con quien la exalcaldesa Rita Barberá mantuvo una estrecha relación durante muchos años.

La vinculación, un «problema»

A los agentes de la UCO les llama la atención, y así lo hacen constar en su informe, «el hecho de que parezca suponer un problema la vinculación familiar de José María Corbín con la alcaldesa de Valencia» a la hora de que éste facture a la UTE Los Hornillos. De hecho, «otro aspecto recogido en un correo electrónico» intervenido en los registros por la UCO es que «los contratos que se suscriban de forma posterior no deban estar vinculados con la UTE Los Hornillos». 

«Son aspectos -concluye la Guardia Civil- de los que se evidencia la aparente intención de desvincular los pagos de esta UTE» del despacho Corbín Abogados. Y que las facturas que se emitiesen a Corbín «sería deseable que se refirieran a obras distintas a Los Hornillos». Una ocultación premeditada que son, a juicio policial, «indicativos de la posible mendacidad del marco contractual y de facturación confeccionado, cuya finalidad sería la de dotar de apariencia de legalidad a los pagos efectuados» por la UTE Los Hornillos a Corbín Abogados. 

Antes de la adjudicación de las obras de la planta de residuos de Quart de Poblet, la entonces alcaldesa se reunió con la presidenta de la Entidad metropolitana de tratamiento de residuos (Emtre), la concejala María Jesús Puchalt, el secretario y tres técnicos. Un encuentro en el que Barberá les dijo que «la valoración de las diferentes plicas debía hacerse de forma ecuánime... Porque ella conocía a todas las empresas que licitaban al procedimiento y, como no quería quedar mal con ninguna, no quería que los técnicos cediesen antes las presiones a las que estaban siendo sometidos y que, por lo tanto, su valoración tenía que ser lo más justa posible», según declaró como testigo ante la UCO uno de estos técnicos.  

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