La Confederación Hidrográfica del Júcar facilita a los ayuntamientos la limpieza de cauces y barrancos

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha habilitado un nuevo trámite, dirigido a los ayuntamientos, que simplifica la tramitación previa necesaria para realizar trabajos de conservación y mantenimiento de cauces en los tramos urbanos. Como se recordará, numerosos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana habían presentado quejas y habían pedido la implementación de herramientas digitales para facilitar la gestión de los trámites, así como la agilización administrativa.

De forma periódica los ayuntamientos han venido exigiendo a la CHJ que asuma su responsabilidad y cumpla con su obligación de mantener los ríos en buen estado, así como una mayor inversión en la limpieza y el mantenimiento de los cauces. También critican la lentitud y la falta de atención. Los procesos administrativos suelen ser lentos y burocráticos, con plazos de espera largos para obtener permisos o autorizaciones, asimismo existe una gran dificultad para contactar con la CHJ y obtener una respuesta personalizada a las dudas o problemas.

Principales preocupaciones

Las principales preocupaciones se centran en los cauces que se encuentran llenos de vegetación y sedimentos, lo que aumenta el riesgo de desbordamientos e inundaciones. También es importante la erosión y el desprendimiento de tierra, ya que amenazan la seguridad de las infraestructuras y los cultivos adyacentes, además de la acumulación de material en el fondo de los ríos, que reduce su capacidad de drenaje y aumenta el riesgo de sedimentación.

Nuevo trámite

A partir de ahora, los ayuntamientos solo tendrán que presentar un programa plurianual de dichas actuaciones para los tramos urbanos de los cauces públicos de su término municipal. Una vez que el programa tenga el informe favorable del Organismo, el Ayuntamiento podrá iniciar las actuaciones con las condiciones de ejecución que aquel le imponga en orden a la correcta salvaguarda del dominio público hidráulico.

Los programas tendrán una vigencia de cuatro años, prorrogables por otros cuatro como máximo. Antes del 31 de enero de cada año, los ayuntamientos deberán comunicar al Organismo las actuaciones realizadas en el año anterior y las previstas para el año en curso, así como, si fuera necesario, una actualización de las fichas de las actuaciones. Todo ello, en aplicación del artículo 126 quater del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, según su última modificación por Real Decreto 665/2023, de 18 de julio.