Compromís plantea paralizar 3 años la venta de vivienda a fondos

Compromís quiere ir más lejos en la ley de vivienda aprobada por el PSOE. El diputado Alberto Ibáñez reclamó ayer al Gobierno que vaya «más allá de la ley de vivienda» y apruebe una moratoria de 36 meses que no permita la compraventa de viviendas a fondos de inversión y población no residente, para frenar la especulación en las ciudades más turísticas.

En una comparecencia en el Congreso, dijo que la «suspensión temporal de venta de vivienda a fondos buitre y personas no residentes es una medida que se aplica ya en Canadá, Nueva Zelanda y Andorra, mientras se encuentran herramientas regulatorias y fiscales que desincentiven esta práctica».

En España, el año pasado, según la Estadística Notarial del Consejo General del Notariado, un 56 % de la compraventa de viviendas se hicieron a «tocateja», porcentaje que se dispara hasta el 70 % en el caso valenciano.

Ibáñez subraya también que la compraventa por parte de fondos y población no residente representa ya en ciudades como Alicante un 40 % de las transacciones, un 38 % en Santa Cruz de Tenerife, un 32 % en Málaga, Girona un 30,8 % y un 31 % en Baleares. Por ello, argumenta que para garantizar el derecho a la vivienda no basta con regular los precios del alquiler y ampliar el parque de vivienda público, sino que también hay que «frenar de raíz la voracidad especulativa», con ese tipo de medidas que no necesitan de inversión pública, sino de «valentía política».

El Consejo de Ministros aprobará la próxima semana la modificación de la Ley de Suelo

Prohibir venta de suelo

La propuesta de Sumar, que se debatirá hoy en el Congreso, incluye prohibir de forma expresa la venta de patrimonio público de suelo y vivienda del Estado, salvo su transmisión gratuita a otras entidades públicas para su transformación en parque público de alquiler.

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