El caso Azud cumple cinco años de instrucción desde la detención del cuñado de Barberá

El caso Azud supera ciclos cuando llega el mes de abril. La investigación judicial que investiga el presunto desvío de fondos públicos en varias instituciones públicas cumple este mes siete años de instrucción. Los dos primeros en el más estricto secreto. 

Hasta que el 2 de abril de 2019 los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron en su vivienda del barrio de Exposición y distrito del Pla del Reial al abogado José María Corbín, cuñado de la alcaldesa de València de 1991 a 2015, Rita Barberá. Contra él ya se habían recabado serios indicios de presuntamente haberse enriquecido en la sombra durante los seis mandatos que su cuñada dirigió el Cap i Casal. Tras ser detenido, Corbín pasó un mes en prisión.  

Cinco años después de su detención y siete desde que se inició la instrucción, el caso Azud se organiza en una pieza principal en la que se investigan cuatro tramas diferenciadas que ya han superado los 100 tomos y los 20.000 folios, según la parte del sumario entregada a las partes. 

Aún siguen bajo secreto de sumario las piezas separadas «2, 3, 4, 5 y 6» del caso, además de 23 folios distribuidos en seis de los tomos iniciales. Indagaciones relacionados con la «operación colegios» y el incremento inmobiliario y patrimonial del exvicealcalde de València, Alfonso Grau, como contó Levante-EMV. En el resto del sumario del caso Azud se investigan cuatro grandes tramas.

Operación colegios

En la «operación colegios» se investiga la iniciativa de cuatro empresas promotoras, comandadas por el empresario Jaime Febrer, para asumir la deuda que el Ayuntamiento de València mantenía con diez congregaciones religiosas, a cambio de quedarse tres parcelas municipales. Unos terrenos públicos que supuestamente eligieron los promotores investigados (Jaime febrer, Mónica Montoro y Federico Ferrando) con la presunta connivencia de funcionarios municipales y políticos. En la operación el Ayuntamiento de València perdió al menos 14 millones de euros, como contó Levante-EMV. 

Negocio en el saneamiento

En esta otra trama del caso Azud se investiga la adjudicación a Acciona en 2006 del contrato de saneamiento de aguas en Valencia por 15 años y 129 millones de euros. Los investigados vuelven a ser José María Corbín, Alfonso Grau y funcionarios municipales del servicio integral del agua. La magistrada del Juzgado de Instrucción 13 acumuló a esta parte la adjudicación a Acciona y Construcciones Luján del tramo E del trasvase Júcar-Vinalopó, además de la desaladora de Moncofa. También se incluye la tramitación de la desaladora de Xixona, que no llegó a construirse. Por estos hechos se investiga a exaltos cargos de Acciona, las empresas públicas Aguas del Júcar y la Confederación Hidrográfica del Júcar y varios empresarios. También al exsecretario de finanzas del PSPV, José María Cataluña, a quien le encontraron en su dormitorio «el sobre que contenía la cantidad a abonar por las empresas adjudicatarias del tramo E, que suponía un mayor precio de la licitación», en palabras del Fiscal Anticorrupción del caso Azud. 

El fallido hospital de la Católica

Se investiga la participación del empresario Jaime Febrer en connivencia con Alfonso Grau y José María Corbín en el presunto amaño del pliego para adjudicar un terreno a la Universidad Católica de València para construir un hospital, que no llegó a construirse. 

Financiación de elecciones

El Grupo Axis, el emporio empresarial levantado por el empresario Jaime Febrer presuntamente financió de forma ilegal al PP, al PSPV, a antiguos representantes del Bloc y a Unión Valenciana, a través del PSPV. Según el sumario del caso Azud, Febrer habría pagado un millón de euros, a través de empresas interpuestas, para gastos electorales de las campañas de Carmen Alborch y Joan Ignasi Pla (2007) y Maria Teresa Fernández de la Vega (2008). Las empresas de Febrer también pagaron gastos electorales de la campaña de la edil popular de Xixona Rosa Verdú, a través de una empresa de publicidad, por valor de 282.905 euros. La alcaldesa también hizo negocio al lograr que Febrer incluyera unos terrenos familiares en el PAI El Espartal por los que obtuvo 495.756 euros.