El Consell da vía libre para que la batería legal de PP y Vox se tramite en bloque en Corts

El pleno del Consell dio ayer su visto bueno a la cinco proposiciones de ley presentadas por sus grupos parlamentarios, PP y Vox, en las Corts para su tramitación y debate en la Cámara autonómica. Con el criterio favorable del gobierno autonómico, todas estas iniciativas podrían incluirse en el orden del día del próximo pleno, a celebrar en principio los próximos 17 y 18 de abril.

PP y Vox decidirán hoy cuántas incorporan, ya que la reunión de la Mesa de las Corts se aplazó de ayer a hoy para poder contar con esa luz verde del Ejecutivo autonómico, que es preceptiva para que las proposiciones de ley puedan arrancar su tramitación parlamentaria.

El Consell defiende su ley de Concordia ante el recurso del Gobierno: "No hace daño a nadie"

Las iniciativas propuestas por el PP y Vox son las relativas a la Libertad Educativa, contra la «imposición del valenciano» en las aulas; la Ley de Concordia frente a la «falsa memoria democrática»; la nueva Ley de À Punt ; la Ley de Transparencia e incompatibilidades, y la de la Agencia Valenciana Antifraude, esta última solo presentada por los populares.

La oposición mostró ayer sus recelos de que PP y Vox aprovechen su mayoría en la Mesa para llevar todas las iniciativas legislativas de golpe, lo que a su entender «diluiría» el debate parlamentario al acortar los tiempos de cada iniciativa.

El PP dice que sería "reglamentario"

Desde los populares, por su parte, aseguran que la decisión se tomará hoy antes de la reunión de la Mesa y «en cordinación» con Vox. En todo caso, se adelantan a posibles críticas de la izquierda al recordar que «reglamentariamente» se puede llevar a pleno el número de proposiciones de ley que se quiera, siempre que cuenten con el plácet del Consell.

Aunque las cinco han levantado polvareda, la de Concordia es posiblemente la más polémica. El Gobierno ha anunciado recursos ante el Constitucional y la portavoz del Consell, Ruth Merino, volvió a salir ayer en defensa de la norma. Según explicó, «amplía derechos» de las víctimas sin «restringir» los de otras ya reconcidas y «no hace daño a nadie».

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