La moción de censura programada para el martes, 7 de junio, en Loriguilla, no se debatirá, tal como ha dictaminado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de València. El pleno extraordinario se convocó a petición de Carlos Rodado, ex concejal del PSPV que pactó con los ediles del PP desbancar al gobierno de Ciudadanos de la alcaldía. Para ello, los dos ediles socialistas y los tres populares tuvieron que abandonar sus partidos, ya que el acuerdo entre ambos partidos es una línea roja interna.

Según ha adelantado Valencia Plaza y ha corroborado este diario, el escrito, emitido el 3 de junio, responde a la demandante, Aurora Basteiro, miembro del gobierno local y concejala de Cs, acuerda "la medida cautelar de suspensión solicitada por la parte actora". Se emplaza a los cinco concejales no adscritos, Carlos Rodado y Manuel Cervera del PSPV y Maria Isabel Aliaga, Montserrat Cervera y Santiago Rubio, a tener constancia de la suspensión de este pleno que ellos mismos habían solicitado convocar.

El gobierno de Cs alega que la unión de estos cinco concejales infringe la Ley Antitransfuguismo que impide que un concejal no adscrito mejore su situación, que se daría, a priori, si accedieran al gobierno y por tanto cobraran una remuneración. Sin embargo, queda por aclarar si, de no solicitar un salario público, se infringiría la norma.

Las dudas en un primer momento sobre si podían o no ediles no adscritos presentar una moción se disolvió tras la reforma de esta norma poco después de ser modificada.  La maniobra no habría sido posible entre 2011 y 2017, años en los que estuvo vigente la reforma de la Ley Electoral que introdujo José Luís Rodríguez Zapatero y que se le conoció como ‘Ley antitransfuguismo’. Exigía que para tramitar una moción de censura hacía falta un quorum reforzado en los casos en los que «alguno de los concejales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer al grupo político al que se adscribió al inicio de su mandato». El Tribunal Constitucional anuló esta reforma en 2017 porque se vulneraba el derecho a la participación política, pero fue la norma que evitó la moción de censura contra Enrique Santafosta en San Antonio de Benagéber, en 2016, que presentaron Guanyem y el PPCV.