La Comisión Europea dictaminará si el pacto de gobierno de Vox y PP en Nàquera es discriminatorio

Los socialistas europeos han enviado una pregunta prioritaria a la Comisión Europea para que se exprese sobre la prohibición de banderas arcoíris en los edificios públicos de Nàquera tras el acuerdo entre Vox y el PP, así como la eliminación del término "machista" de cualquier concentración sobre violencia, negando así la violencia de género. El PSOE, a través de los diputados europeos valencianos Inmaculada Rodríguez Piñero, Domènec Ruiz Devesa y Estrella Durá Ferrandis, eleva este asunto al alto organismo para que dictamine qie este pacto de gobierno "vulnera la legislación de la UE relativa a la no discriminación por motivos de orientación sexual, así como los principios de igualdad y la no discriminación".

La pregunta ya apareció ayer en la comisión a través de los medios de comunicación, cuando preguntaron al portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, acerca de este acuerdo por el que se prohíbe colocar banderas del colectivo LGTBIQ+ en las instalaciones públicas, así como la convocatoria de concentraciones "contra la violencia" y no "contra la violencia machista". Wigand reconoció "estar al corriente" y la recordó que la Comisión Europea "tiene estándares claros sobre la igualdad LGTBI, algo que recoge la estrategia europea y para proteger a niñas y mujeres de la violencia", añadió.

Los socialistas incluyen en la pregunta las condiciones del pacto entre el PP y Vox a nivel autonómico, porque en él "se elimina la violencia de género, optando por el concepto de violencia intrafamiliar". Además, ponen en contexto al órgano al señalar que este pacto fue negociado por Carlos Flores Juberías, "condenado en 2002 a un año de prisión por violencia psíquica habitual contra su exesposa".

Recuerdan también que a estos dos pactos se suman "las declaraciones del número dos de la lista de Vox a Les Corts por València, José María Llanos, quien afirmó que la violencia de género y la violencia machista no existen".

Con tal de reafirmar su existencia, los socialistas preguntan a la Comisión Europea si cree que la violencia de género existe y que si los poderes públicos, como la Unión Europea, pero también si la administración autonómica o los ayuntamientos "tienen la obligación de luchar contra ella".