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El Consell no encuentra inmuebles para ampliar el parque público de vivienda

La conselleria rechaza la oferta de dos casas en Cerdà al no haber demanda y no consigue un acuerdo con dos propietarios de Canals y l’Alcúdia de Crespins

Carteles de venta de un piso en un municipio de la Vall d’Albaida. | PERALES IBORRA

El concurso convocado en 2020 por la Conselleria de Vivienda para comprar inmuebles de forma directa a particulares y empresas con el objetivo de ampliar el insuficiente parque público de la Generalitat se ha zanjado sin ninguna adquisición en los 61 municipios que configuran el ámbito territorial de la Costera, la Canal y la Vall d’Albaida. Y no ha sido por falta de ofertas. Según ha podido saber este diario, el departamento autonómico excluyó un total de cuatro propuestas surgidas en las tres comarcas a lo largo del procedimiento por falta de acuerdo con los propietarios o porque no cumplían todos los requisitos exigidos.

Este último es el caso de dos viviendas adosadas ubicadas en la localidad de Cerdà que fueron presentadas al concurso por la constructora Benulsa, SL con un precio de salida de alrededor de 120.000 euros cada una. Las casas se edificaron en 2018 y tenían unas dimensiones de 120 metros cuadrados cada una. La razón esgrimida por la conselleria para desestimar su compra es que Cerdà no es un municipio en el que exista demanda de vivienda pública, puesto que no figura en el índice de Áreas de Necesidad de Vivienda elaborado por la Generalitat hace un año, una de las exigencias incluidas en el pliego del concurso.

La conselleria sí que llegó a entablar negociaciones con un fondo de inversión con sede en Madrid que gestiona una vasta cartera de inmuebles en la Comunitat Valenciana y que incluyó en su listado de ofertas una vivienda emplazada en l’Alcúdia de Crespins. La sociedad Gramina Homes, SL pedía 48.700 euros por ella. Vivienda planteó una contraoferta para intentar reducir el precio, puesto que este superaba a la tasación obtenida por la administración: ofreció pagar 31.000 euros por el inmueble. Pero la propietaria rechazó la propuesta y quedó automáticamente expulsada del proceso. L’Alcúdia de Crespins es, junto a Quatretonda, una de las dos localidades de la Costera, la Canal y la Vall que presentan una alta necesidad de vivienda pública debido al déficit y a la demanda existente, según el índice de la conselleria.

La administración autonómica tampoco consiguió llegar a un acuerdo con el dueño de otro inmueble situado en el vecino municipio de Canals. El licitador ofertó inicialmente su propiedad por un precio de 73.680 euros, pero terminó quedando excluido del concurso porque la comisión valoradora no pudo acceder a la vivienda para comprobar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el pliego del proceso, al no presentarse éste a la citación emitida por la Generalitat.

El concurso concluido ahora es el segundo que convoca la Conselleria de Vivienda para comprar directamente inmuebles a particulares con el propósito de ofrecerlos en régimen de alquiler asequible, con un presupuesto global de 6 millones de euros. Las adquisiciones se practican con un precio tasado por la Generalitat y muchas ofertas iniciales registradas rebasaron la media fijada, por lo que tuvieron que renegociarse o ser apartadas.

123 ofertas sobre la mesa

Según los datos de la conselleria, al procedimiento se presentaron un total de 123 aspirantes en toda al ComunitatValenciana, tanto particulares como empersas y grandes tenedores. Por el momento, solo se ha aprobado la compra de 24 inmuebles. En las tres comarcas, la Generalitat identificó 14 municipios con demanda de vivienda pública en los que se buscaban pisos y casas vacías. Por ahora no ha habido suerte.

Los requisitos se flexibilizaron para incentivar las ofertas

La Conselleria de Vivienda había flexibilizado los requisitos que debían reunir los inmuebles en esta segunda convocatoria del consuro de adquisición para incentivar la presentación de ofertas. La administración se abrió a admitir inmuebles hipotecados, en construcción o con necesidades de rehabilitación para conseguir las condiciones de accesibilidad y habitabilidad exigidas, aunque no aquellos con más de 50 años de antigüedad. Otra de los cambios consistió en incluir la posibilidad de comprar viviendas unifamiliares ubicadas en municipios con una población inferior a 10.000 habitantes

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