Ontinyent cambia el PGOU para permitir el uso hotelero de 14 caseríos

La nueva regulación facilita la recuperación de viviendas tradicionales legalizadas como alojamientos turísticos en una superficie de 200.000 m2 de suelo no urbanizable

Uno de los caseríos de Ontinyent incluidos en la nueva regulación.

Uno de los caseríos de Ontinyent incluidos en la nueva regulación.

Sergio Gómez

Sergio Gómez

Flexibilizar la estricta ordenación urbanística municipal para facilitar el uso hotelero de antiguos caseríos tradicionales ya consolidados en suelo no urbanizable. Este es el objetivo de la última modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el Ayuntamiento de Ontinyent acaba de someter a exposición pública para su aprobación provisional después de un periplo de cinco años de tramitación del expediente.

La nueva regulación otinyentina de alojamientos turísticos diseminados afecta a catorce parcelas situadas a menos de 5 kilómetros del casco urbano que suman una superficie global de 202.000 metros cuadrados y que albergan en su seno masías o casas de campo susceptibles de transformarse en pequeñas instalaciones hoteleras que no podrán exceder las 16 plazas. Una condición indispensable para ello es que los inmuebles deben estar no solo construidos, sino ya legalizados. Otro requisito es que los terrenos en los que se asientan tienen que tener una extensión de al menos 5.000 metros cuadrados.

La modificación urbanística acota dos zonas limitadas de suelo no urbanizable de la localidad donde el Plan General ya permitía hasta ahora el uso hotelero. Sin embargo, la normativa municipal se encontraba totalmente desfasada puesto que para este tipo de actuaciones destinadas a implantar alojamientos exigía a los promotores contar con una parcela mínima de entre 15.000 y 50.000 metros cuadrados en función de la categoría del suelo fijada en cada ámbito (no urbanizable común, de protección agrícola o de protección agrícola y paisajística).

Oto inmueble incluido en la zona de regulación para uso hotelero.

Oto inmueble incluido en la zona de regulación para uso hotelero.

Estas superficies superaban con creces el umbral marcado por la Ley de Ordenación del Territorio vigente (la LOTUP), que sitúa en 5.000 metros cuadrados las dimensiones mínimas que tiene que tener una parcela para que en ella puedan asentarse establecimientos turísticos y de restauración.

El PGOU de Ontinyent era, pues, mucho más restrictivo que la normativa autonómica, dado que se diseñó con la mirada puesta en disminuir la posibilidad de que se levantaran nuevas construcciones en suelo no urbanizable y en preservar su estado actual. El ordenamiento municipal no distinguía la autorización de usos hoteleros en suelo rural mediante nuevas construcciones de la posibilidad de recuperar el patrimonio arquitectónico tradicional ya existente, algo que sí hace la LOTUP y por lo que ahora apuesta el Ayuntamiento de Ontinyent para incentivar la rehabilitación de caseríos sin uso a tiempo que se promueve el desarrollo del turismo rural.

En tramitación desde 2018

La nueva regulación únicamente afecta al suelo no urbanizable común B y al suelo de protección agrícola paisajística, en un espacio considerado de interés para albergar alojamientos, por la cercanía con enclaves naturales de gran relevancia como el Pou Clar, el Pou L'Olleta o el río Clariano. Aunque estas dos categorías de suelo abarcan un total de 1,5 millones de metros cuadrados, la gran mayoría de las parcelas incluidas dentro del citado perímetro tienen menos de 5.000 metros cuadrados y solo 52 superan dicho umbral. De estas, además, 18 no se encuentran actualmente edificadas y hay otras que albergan construcciones irregulares. Según los cálculos municipales, en un principio son 14 las parcelas en las que existen viviendas lícitamente construidas que cumplirían las condiciones para acogerse al uso hotelero y que podrían incrementar su edificabilidad global, "sin perjuicio de que otras por agrupación o justificación puedan hacerlo", según expone la memoria aprobada.

La modificación del PGOU, que ahora se somete a exposición pública por un plazo de 45 días, obtuvo el visto bueno de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Conselleria, al concluir que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente siempre y cuando la conversión de caseríos en casas rurales se haga conservando la vegetación forestal existente en los bordes de las parcelas, respetando la imagen de conjunto y minimizando el impacto sobre los enclaves naturales y los cauces.

El consistorio inició la tramitación del cambio urbanístico en 2018, pero al faltar documentación en el expediente inicial tuvo que elaborarse una segunda propuesta en 2020 que se ha demorado hasta hoy.

De momento, fuentes municipales indican que no hay ninguna petición para implantar alojamientos en el ámbito delimitado, aunque desde el consistorio se quería tener regulada la posibilidad para adaptarse a los nuevos tiempos y a la normativa autonómica.

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