El 30% de los ayuntamientos necesitan endeudarse por la inflación y varios suben impuestos

El incremento de precios experimentado a partir de 2022 como consecuencia de la guerra de Ucrania, con la inflación media más alta desde 1986 (del 8,4%), ha tenido repercusiones en la contabilidad de los ayuntamientos.

Los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda sobre las liquidaciones presupuestarias del pasado ejercicio revelan que un 31 % de las entidades locales de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida cerraron el año con números rojos siguiendo la metodología que usa el Estado para comprobar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, teniendo en cuenta los gastos e ingresos de naturaleza no financiera.

Un total de 19 corporaciones municipales de las tres comarcas terminaron 2022 engrosando el listado de ayuntamientos con necesidad de financiación (déficit en términos canónicos), habitualmente sinónimo de tener que recurrir al endeudamiento para poder cuadrar las cuentas.

Pese a la suspensión de las reglas fiscales, 42 consistorios cumplieron el objetivo de estabilidad presupuestaria en 2022

Cabe destacar que en 2022 han permanecido suspendidas las reglas fiscales, circunstancia que permite a los consistorios aumentar el gasto y destinar los remantentes a inversiones y no a amortizar deuda, a tiempo que les libra de tener que elaborar planes económico-financieros si presentan desequilibrios presupuestarios. Pese a ello, 42 entidades (el 69%) cumplieron los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados por el Gobierno. El Ayuntamiento de Novetlè es el único de la Costera, la Canal y la Vall que no remitió información al ministerio dentro de los plazos marcados.

El reglamento del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (denominado SEC 95) determina la “necesidad de financiación” cuando los ingresos no financieros de un ayuntamiento no son suficientes para financiar los gastos no financieros, una vez realizados los ajustes de contabilidad nacional.

El número de entidades locales con desequilibrios al finalizar el ejercicio se ha incrementado un 26% de 2021 a 2022

El número de entidades locales con desequilibrios al finalizar el ejercicio se ha incrementado un 26% de 2021 a 2022. Además, 14 liquidaron el último año con saldos negativos por operaciones no financieras según criterios presupuestarios, sin considerar los ajustes de contabilidad nacional. Utilizando este criterio, según el Ministerio de Hacienda, Canals cerró 2022 con un desequilibrio de 460.241 euros, mientras que en Benigànim el déficit no financiero fue de 430.820 euros y en l'Olleria y Quatretonda, cercano a 422.000 euros. Ontinyent cerró con necesidad de financiación y un saldo no financiero negativo de 565.243 euros, aunque en el resultado final -realizados diversos ajustes- este ayuntamiento presentó en 2022 un superávit 'récord' de 2,5 millones de euros.

Ontinyent cierra 2022 con un superávit récord de 2,5 millones de euros

Alfarrasí también liquidó 2022 con un saldo no financiero negativo de más de 200.000 euros, mientras que en Navarrés el déficit no financiero fue de 265.290 euros; en Quesa de 165.097 euros y en Otos, de 115.936 euros. También presentaron desequilibrios (sin tener en cuenta los activos y pasivos financieros) Beniatjar (-15.805 €), Castelló de Rugat (-37.898 €), Cerdà (-55.824 €) o la Font de la Figuera (69.637 €).

En cambio, otros consistorios presentan saldos no financieros positivos pero se encuadran dentro de los que tienen necesidad de financiación externa. Son Albaida, l'Alcúdia de Crespins, Llutxent, la Pobla del Duc y Xàtiva, que cerró 2022 con un balance positivo de 706.000 euros. Agullent presenta el saldo positivo más elevado, con 1 millón de euros.

Más impuestos y periodo medio de pago

La inflación también ha obligado a diversos ayuntamientos a subir impuestos en 2024 tras varios años de contención o congelación para poder cuadrar las cuentas. Hasta ahora han trascendido varios casos como el de Ontinyent, que ha subido la tasa de basura un 55% tras la implantación del impuesto estatal de vertidos; Canals, que ha incrementado el IBI casi un 3%; Atzeneta d'Albaida, que ha subido el IBI, el impuesto de vehículos, la tasa de agua y la tasa de la basura, o Montaverner, que ha hecho lo propio con el impuesto de vehículos y el IBI.

La ausencia de una edil permite a Compromís aprobar la subida de impuestos en Atzeneta

Otra consecuencia derivada del aumento de los gastos es que el periodo medio de pago a proveedores se ha visto ligeramente incrementado en el último año entre los consistorios de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida. Al cierre de septiembre de 2023 (el último dato publicado por el Ministerio de Hacienda), este indicador se situaba en 12,85 días, cuando en el mismo periodo de 2022 las corporaciones locales de las tres comarcas tardaban un promedio de 10,99 días en saldar las facturas aprobadas de sus proveedores. Además, numerosas obras se han visto retrasadas, paralizadas o canceladas por el incremento de los costes de material y las dificultades de las empresas para ejecutarlas con el presupuesto inicialmente marcado.

Tres ayuntamientos incumplen el plazo máximo legal de pago, fijado en 30 días: Albaida se lleva la palma, con un periodo medio de pago de 113,77 días y 587.678 euros en recibos pendientes de saldar en el tercer trimestre de 2023, mientras que Bellús tardaba una media de 78,23 días en abonar facturas y Castelló de Rugat situaba el indicador en 53,11 días.

En cambio, el Ayuntamiento de Xàtiva tarda un promedio de 13,64 días en pagar a sus proveedores, mientras que el de Ontinyent lo hace en 24,8 días.