"Si lo que querían es dárselo a Sevilla porque tiene 25.000 espectadores, que se lo den. Es legítimo y están en su derecho. Pero que no se inventen incumplimientos que no existen". Así reaccionó el concejal de deportes, Cristóbal Grau, a la notificación oficial hecha ayer por la Federación Española de Tenis, por la cual seleccionaba a la ciudad de Sevilla como anfitriona de la final de la Copa Davis.

Oficialmente, la española justifica la decisión en que "es el único proyecto que se ha recibido en la sede de la Real Federación Española de Tenis cumpliendo con los requisitos establecidos para la organización de dicha final". Y ahí llega la fricción: se rechaza Valencia por presentarlo la Federación Valenciana y no un organismo oficial y porque no se especificaba cómo era la ejecución del presupuesto, cifrado en 2,2 millones.

Del primero de los motivos respondía la Federacion Valenciana: "en el pliego de condiciones no hace mención alguna relativa a la necesidad que el organizador local sea un ayuntamiento o una comunidad autónoma, con lo cual estamos perfectamente legitimados para presentar la candidatura".

De la ejecución presupuestaria, la contestación de Grau es la misma: "no sólo eso no aparece en ningún sitio, sino que ese no es problema de la Federación Española. Estaba perfectamente especificado que el canon (1,2 millones) lo asumía la Generalitat. Pero cómo se organice el comité organizador es cosa del propio comité, que ya se aclarará de a quien endosar cada partida o la forma de asumir los costes. Eso no era asumible".

La candidatura de Valencia, que incluía la disputa de los partidos en el Velódromo Lluis Puig, reflejaba un gasto de un millón de euros, que se daban por recuperados con el porcentaje de taquilla o con el abaratamiento de costes mediante fórmulas financieras, como se hizo con el mundial de atletismo de pista cubierta. Se daba por hecho que el coste a las arcas oficiales era el canon, más los gastos de personal y uso del recinto "que no es poco dinero" que asumía el ayuntamiento.

Ayuntamiento como Generalitat habían asumido los costes pese a la conocida precariedad económica de los organismos oficiales. Se consideraba que valía la pena el esfuerzo (equivalente a, por ejemplo, dos Global Champions Tour) por el impacto económico: aseguraban que la de 2009, celebrada en Barcelona, había dejado 30 millones.

El presidente de la valenciana, José Emilio Cervera, explicó al respecto que "el martes a las 19.00 horas recibimos un comunicado de la RFET en el que explicaban que consideraban insuficientes las garantías que habíamos presentado y nos exigían que el miércoles antes de las 12.00 horas, presentáramos el pliego que ya les dimos en su día pero firmado por la Generalitat o el ayuntamiento. En 17 horas no se puede pedir que cambiemos cuando además no hay motivo".

Ahora sólo queda la opción de unas alegaciones presentadas ayer aunque no existen muchas esperanzas de que prosperen. Cervera dijo al respecto que "no tiramos la toalla y queremos, por lo menos, que nos den la opción de competir".