El ente público que gestionará las ITV tiene un 'plan b' para evitar un colapso en la cita previa

Con la reversión de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunitat Valenciana cada vez más cerca, uno de los puntos calientes del proceso se encuentra en qué pasará a partir del 24 de febrero -en el caso de las 12 primeras instalaciones de este servicio que pasarán a manos públicas- y del 3 de marzo -cuando acaba el contrato de otras doce- con el servicio de citas previas para poder llevar a cabo la revisión y, sobre todo, si existe una amenaza de colapso con el cambio de operador como alertaron la pasada semana desde la asociación que aglutina a las empresas concesionarias de las ITV en la autonomía (Aecova-ITV). Y, ante esta realidad, la Administración asegura que ya cuenta con una alternativa diseñada para evitar un futuro caos.

Al respecto, el director general de la sociedad, Josep Albert, insistía a este diario en que las empresas concesionarias -según se apunta en la resolución firmada el pasado 16 de diciembre por el conseller de Economia, Rafael Climent- "tiene que prologar los contratos que tienen con los proveedores" actuales en servicios como el agua o la luz, pero también de internet, de call-center o los servicios informáticos. No lo ven así las concesionarias, que señalaban el pasado jueves que, a partir de esos 25 de febrero y 4 de marzo, gestiones como las de las citas previas no son "nuestra responsabilidad" y, por eso, "no sabemos cuál va a ser la capacidad productiva o el personal disponible" de las estaciones.

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Para Albert, todavía "hay margen" para que se pueda solventar esta situación después de que, como remarcó, se haya transmitido a las concesionarias que tienen "la obligación de dar las citas hasta el 30 de junio". Eso sí, en caso negativo, "tenemos un 'plan b'".

Citas y contactos con proveedores

En este sentido, Albert apuntó a que "estamos activando la posibilidad de tener una plataforma de citas", a lo que se suma el contacto "con los proveedores, que tienen que seguir facturándonos a nosotros". Ya se apuntaba en esa misma perspectiva en la propia resolución de diciembre, que indica que "el incumplimiento de alguna de las cuestiones contempladas en esta resolución [...] podría dar lugar a la intervención inmediata del servicio" en el caso de "suponer una perturbación en el servicio público grave y no reparable por otros medios". Además, y pese a que Albert añadió que desde la sociedad "esperamos que [las concesionarias] hagan caso", "si no hacen lo que dice la resolución, si hace falta pedir responsabilidades lo haremos". 

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