Francisco Llopis: "La Generalitat se ha llevado en estos años más de 400 millones de las ITV"

Portavoz de la asociación de las ITV valencianas, Aecova, Francisco Llopis tilda de «medidas coercitivas» la obligación de la conselleria Economia de ofrecer servicios como las citas previas hasta el 30 de junio. Además, el dirigente asegura que «facilitarán todo lo que necesite la Generalitat» los días de la reversión y destaca que la Administración está «cometiendo errores» al realizar la auditoría de personal.

¿Se deben sus críticas ante la reversión a, como dijo el nuevo director general de las ITV, Josep Albert, a que el suyo es uno de los sectores más rentables de la autonomía?

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Si alguien cree que las empresas no se han hecho para ganar dinero creo que no es de este mundo. Nuestra obligación como empresarios es hacerlo, pagar salarios razonables y que la compañía funcione. Dicho esto, nadie dice que la Generalitat se ha ido llevando a lo largo de todos estos años más de 400 millones de euros entre instalaciones que hemos construido, la modernización de las mismas, el canon fijo que se pagó en su momento y el variable que estamos pagando con cada inspección. No dejan de ser de 20 millones al año lo que se lleva la Generalitat con esto. No se puede decir solo que estamos ganando dinero cuando nos están utilizando para recaudar. 

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¿Tampoco hay intereses políticos?

No. Creo que el interés político lo tienen ellos al querer hacer un proceso irregular, precipitado, en un periodo preelectoral porque quizás les convenga. No lo entiendo porque creo que puede ser un pequeño desastre. Las cosas no hay que mirarlas bajo el prisma electoral sino con el del bien de la sociedad. Es un error que se haga así.

¿Empeorará el servicio con el paso de privado a público?

Creo que sí. La experiencia de lo público ya lo hemos tenido y en un momento determinado se decidió privatizarlas y creo que no ha habido muchas quejas del público en general. Esto es un retroceso porque si el 95 % de las autonomías están en régimen de gestión indirecta, el ir a la directa es un error totalmente de concepto. Pero al final respeto la decisión del Botànic y lo único que pido es que las cosas se hagan bien, algo que no se está produciendo.

¿Habrá grandes problemas en el servicio que ofrezca la Administración?

Nosotros intentaremos que no los haya, pero hay cuestiones de base que son imposibles de cumplir por mucho que la Generalitat nos dirija con medidas coercitivas. Nos están marcando el ritmo a través de unos requerimientos del conseller [Rafael Climent] que son ilegales. Si ellos necesitan servicios determinados tienen que acudir a la ley de contratos del Estado a licitar esos servicios, es lo que la ley les obliga. No se nos puede obligar a que sigamos manteniéndolos hasta el 30 de junio si a partir del 24 de febrero o del 3 de marzo nuestra concesión se ha acabado. Además, ellos pretenden el día 3 o el 24 instalarse allí y luego hacer el inventario, pasárselo a Patrimonio y que se apruebe. Pero eso debe hacerse con anterioridad. Hay un procedimiento para hacer estas cosas. 

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¿Ve que se ha hecho sin garantías suficientes?

Habría sumado más garantías como fijar expresamente la continuidad del servicio hasta que la nueva mercantil estuviera en disposición de asumir la gestión. 

Pero por ejemplo ya no hay citas previas en varias ITV. ¿Se abren a mantener este servicio para no perjudicar al usuario?

Pues nuestra parte no hay ningún problema. El día 24 dicen que va a ser el último día de las ITV y que el 25 no van a atender al público. Si yo no sé cuál va a ser la estructura de personal que va a gestionar la nueva mercantil, difícilmente puedo saber qué personas tengo disponibles para atender ese servicio. Todo sería sentarnos con el responsable de la nueva mercantil y que nos dijera qué necesita. Todo se puede hablar, pero la Generalitat tendría que alargar el contrato hasta que ellos tengan contratados estos servicios, sería lo normal. Y luego también se podría utilizar para realizar cosas como la auditoría de personal, que no la tienen bien hecha y están cometiendo errores.

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¿Qué errores?

Se han dejado algún mecánico o alguna persona por incorporarse. Tiene que haber una equiparación de los trabajadores de la siete empresas a una sola mercantil que se regirá o bien por lo que establezca la Generalitat o un convenido, con la equiparación de puestos de trabajo con los de la Comunitat Valenciana. Eso requiere un tiempo. Sin embargo, no nos vamos a negar nada, pero hay formas de hacer las cosas bien y otras de hacerlas precipitadamente.

¿Van a poner algún tipo de problema cuando vengan los técnicos y la policía a asumir la gestión de las estaciones este sábado o la próxima?

No. Vamos a estar allí y les facilitaremos todo lo que necesite la Generalitat. Procuraremos que haya una transición correcta. Dicho esto tendrían que haber venido con unos plazos adecuados. Hay unos procedimientos jurídicos correctos que no se están siguiendo.

Con la reversión se ha hablado de que hay contratos que Josep Albert considera difícil de explicar por cuantías muy altas. ¿Se va a encontrar alguna irregularidad con la auditoría o son cosas de negocio?

Es una cosa de negocio. La empresa privada puede contratar los servicios que sea siempre y cuando no pongan en riesgo la sociedad. Tenemos la auditoría contable cada una de las empresas porque lo exige así la ley. Podrían haber acudido a las auditorías de cuentas y no se habrían equivocado en el coste de personal, por ejemplo. Nosotros las entregamos el 30 de junio y están ahí. Creo que se equivocan con esas afirmaciones que corresponden a una falta de entendimiento que creo que se ha producido por hacer las cosas de forma arrebatada. 

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¿Por qué han criticado el fin de la prueba de sonometría cuando está beneficiando en la factura de los valencianos?

Estamos hablando del año preelectoral y creo que haber dejado el tema para dos o tres meses antes de las elecciones me huele un poco raro. El titular de que se han bajado las tarifas es muy bonito. Pero hemos mantenido desde Aecova-ITV reuniones con el conseller en las que hemos propuesto redefinir ciertas tarifas para abaratar y, cuando teníamos más o menos un acuerdo, las negociaciones se han roto. Creo que dialogando se entiende la gente y nuestra voluntad no es ir siempre a los tribunales, pero si nos sentimos heridos en nuestros derechos tendremos que defendernos.

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