Las renovables salvadas por el Gobierno ocupan más de 8.600 campos de fútbol

Las plantas fotovoltaicas valencianas salvadas in extremis por el Gobierno con una prórroga de seis meses para obtener la licencia de construcción ocuparán una superficie equivalente a más de 8.600 campos de fútbol. Estos nuevos parques solares, que deben entrar en servicio en dos años, necesitan 11,5 millones de paneles fotovoltaicos. Uno de los motivos que ha esgrimido el Ejecutivo para la prórroga es el atasco que hay en la cadena de suministro, situación que complica que todos los proyectos se ejecuten a la vez. Como contrapunto, el Ejecutivo acaba de endurecer los requisitos medioambientales para los proyectos que se presenten a partir de ahora tras dar licencia a 18 megaplantas con una potencia de 1.606 megavatios (cuatro veces la de los parques que ahora prestan servicio en la Comunitat Valenciana).

El Ejecutivo endurece los requisitos medioambientales tras dar licencia a 18 megaplantas

El Gobierno, como ayer informó Levante-EMV, ha concedido la prórroga para lograr el permiso de construcción (que es prácticamente el último trámite antes del inicio de las obras) a 57 parques fotovoltaicos y eólicos que conllevan una inversión de 2.172 millones de euros. La mayoría de los proyectos fotovoltaicos beneficiados corresponde a plantas solares con una potencia conjunta de cerca de 2.200 megavatios (MW) y que van a ocupar cerca de 4.300 hectáreas. Estos nuevos parques solares necesitan 11.555.000 paneles fotovoltaicos.

1.000 proyectos en toda España

En la actualidad, el Estado y las comunidades autónomas están tramitando la autorización de construcción de cerca de 1.000 plantas renovables (57 en la Comunitat Valenciana), de las que el 80 % son parques fotovoltaicos y el 20 %, eólicos, según precisan fuentes del sector. Las plantas fotovoltaicas y eólicas salvadas con la prórroga superaron el trámite medioambiental el 25 de enero y estaban obligadas a lograr la licencia de construcción antes del 25 de julio. En caso contrario, los promotores habrían perdido los puntos de conexión a la red y avales multimillonarios. Uno de los motivos que esgrime el Ministerio de Transición Ecológica para justificar la prórroga es que muchos de esos proyectos obtuvieron una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) condicionada a modificaciones sustanciales como soterrar una línea eléctrica o reducir o cambiar de ubicación las plantas renovables, lo que derivó en la necesidad de acometer nuevas consultas públicas.

Cambio de criterio por la presión vecinal y de Bruselas

De forma paralela, el Gobierno ha endurecido los requisitos medioambientales para los proyectos que se inicien a partir de ahora. La medida llega tras las protestas de agricultores, ecologistas y vecinos contra la proliferación de megaplantas fotovoltaicas por su impacto en el territorio y la exigencia de Bruselas de que se aumente el control medioambiental. El presidente de la patronal valenciana de renovables (Avaesen), Marcos J. Lacruz, explica que hace unos meses el Gobierno rebajó las exigencias medioambientales ante la necesidad de incrementar la potencia renovable de España y ahora las ha elevado.

Normativa "más exhaustiva"

"La nueva normativa es mucho más exhaustiva", apunta Lacruz. El presidente de la patronal defiende que la Administración debería fijar su prioridad en agilizar los proyectos. "El problema del sector no es el nivel de exigencia. Meter más burocracia va en contra del desarrollo renovable", lamenta el responsable de Avesen.

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