El Supremo fuerza al Gobierno a devolver 320 millones a Endesa, Iberdrola y Naturgy y le obligará a otro pago millonario

El Tribunal Supremo tumbó el año pasado por tercera vez el sistema de financiación del bono social eléctrico, el descuento en el recibo de luz que se aplica a los hogares vulnerables. Las compañías eléctricas llevan años batallando en los tribunales para evitar asumir el coste de esta política social (actualmente de más de 800 millones al año) y los sucesivos gobiernos han ido retocando la forma en que se financia el mecanismo cuando la justicia daba la razón a las empresas, que han conseguido en varias ocasiones devoluciones millonarias de los importes aportados.

El Alto Tribunal anuló el año pasado el modelo de financiación aprobado por el último Gobierno de Mariano Rajoy, tras una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de la UE, y ordenó que se compensará a las grandes eléctricas por el coste asumido para aplicar descuentos a más de un millón de hogares en sus facturas durante años. Esas devoluciones se han ido retrasando y ahora el Tribunal Supremo da la razón a los requerimientos de las grandes eléctricas y fuerza al Estado a iniciar el pago de las indemnizaciones por el bono social.

Tras la presentación de sendos incidentes de ejecución de sentencia, el Supremo obliga a aplicar de manera inmediata la devolución a Endesa, Iberdrola y Naturgy de los importes asumidos por sus comercializadoras de tarifa regulada de luz entre los años 2016 y 2021, por un total conjunto de casi 320 millones de euros, más los intereses de demora. Y también ordena al Ministerio para la Transición Ecológica que calcule la indemnización correspondiente a las filiales de las grandes eléctricas con las que comercializa tarifas del mercado libre de electricidad, que se traducirá también en otra devolución millonaria a las energéticas.

El Tribunal Supremo ha ido publicando en los últimos meses sucesivos autos en los que obliga al Estado a que devuelva 152,27 millones de euros a Endesa, 102,8 millones a Iberdrola y 64,2 millones a Naturgy para compensar a sus comercializadoras del mercado regulado de luz por el coste asumido para financiar el bono social durante años. El Gobierno deberá determinar ahora cuál es la indemnización concreta que deben recibir otras filiales de estos mismos grupos energéticos por el mismo concepto.

Incumpliendo plazos

El Supremo da en sus autos un plazo de un mes al Gobierno para ordenar los pagos adeudados a las comercializadoras reguladas con cargo a las cuentas del sistema eléctrico. Salvo en el caso de Naturgy, ese plazo ya ha expirado, pero los abonos no se han producido, incumpliéndose los límites marcados por la justicia, según confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, varias fuentes de los actores implicados.

El tribunal concedió al Ejecutivo también entre uno y dos meses, dependiendo del caso, para calcular las indemnizaciones restantes, sin que de momento se hayan comunicado las cantidades a las compañías. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica sólo se reconoce que se está “en proceso” de pago de las cantidades adeudadas, sin precisar cuándo culminará ese proceso.

¿Quién paga el bono social?

El bono social eléctrico permite aplicar rebajas en las facturas de luz de entre el 25% y el 40% en función del grado de vulnerabilidad de los clientes (actualmente, como parte de las medidas anticrisis los descuentos se han elevado de manera temporal hasta el 65% y el 80% del recibo).

Inicialmente el coste de este mecanismo lo asumían sólo las grandes eléctricas forzadas a comercializar la tarifa regulada de luz: Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo (estas dos últimas han sido sustituidas por Totalenergies y Repsol con los años). Las sucesivas reformas del sistema de financiación tras revolcones judiciales han ido ampliando la lista de compañías que tenían que asumir el coste de los descuentos para hogares vulnerables.

El actual Gobierno, atendiendo los requerimientos de la UE y tras la última anulación del Supremo, aprobó el año pasado una reforma que carga el coste del mecanismo a todas las compañías del sector eléctrico sin excepción (comercializadoras, distribuidoras, generadoras...). El grueso de la financiación sigue recayendo en los grandes grupos energéticos, ya que el peso se reparte en función de la cuota de mercado de cada empresa.

La grandes eléctricas insisten desde hace años en reclamar que sea el Gobierno, a través de los presupuestos generales del Estado, el que asuma el coste por tratarse de una política social y que no se cargue a las compañías.