El equipo negociador del PSOE busca concretar su propuesta de amnistía a Junts tras asumirla como un “instrumento del Estado”

Las negociaciones para la investidura entrarán esta semana en la fase de la concreción de propuestas y el “intercambio de papeles”. Tras varias semanas con contactos a distintos niveles y una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios encabezada por Pedro Sánchez, el equipo negociador del PSOE se reúne hoy en Ferraz para aterrizar los “contenidos” sobre los que se moverán en la negociación. Un proceso que coordinará directamente su secretario general, como demuestra el hecho de que la reunión prevista para este lunes se aplazase por la decisión de Sánchez a última hora de asistir en una cumbre de líderes sobre los Balcanes Occidentales celebrada en Albania.

Las llamadas a la “discreción absoluta” son una constante en la dirección socialista, si bien cada vez se avanza más en el relato sobre la constitucionalidad de una ley de amnistía. Un “instrumento del que dispone el Estado” y que serviría para “pasar página del procés”, defiende un representante socialista. “Hay instrumentos, veamos hasta dónde nos llevan”, zanjan estas mismas fuentes respecto a las características de una ley de amnistía para los encausados del procés, como su marco temporal o el tipo de delitos que encajarían en ella.

La fecha de la investidura sigue sin fijarse, a la espera de que se avance al menos en un preacuerdo con los partidos independentistas catalanes. La fecha más compleja del puzle para conseguir los apoyos necesarios. No solo por sus exigencias, que siguen intactas en cuestiones más allá de la ley de amnistía, como es la creación de un "mecanismo de verificación" o sentar las bases para abordar a lo largo de la legislatura la carpeta del referéndum, sino por su renunciar a asumir gestos reclamados por el PSOE. Principalmente, la renuncia a la unilateralidad.

En este punto fue explícito el expresident Carles Puigdemont al recordar el pasado sábado a través de las redes sociales la parte de su conferencia sobre las condiciones para la investidura en la que Junts “no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer sus derechos”. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, se limitó a entregarle a Sánchez en su reunión del pasado viernes la transcripción de la mencionada conferencia.

Un asunto central porque la exposición de motivos de una hipotética ley de amnistía pretende hacer un relato sobre los errores cometidos en 2017 que deslegitiman el 1-O. Una mirada a lo sucedido para justificar el “pasar página” con un horizonte de “reencuentro y concordia”. Para ello es básico asumir el respeto a la legalidad.

En esta fase de “concreción en las propuestas”, el PSOE quiere dejar garantizado que “cualquier acuerdo que adoptemos será impecable desde el punto de vista constitucional”. Una amnistía motivada en su preámbulo y con todos los estándares de “seguridad jurídica” para pasar el filtro tanto del Tribunal Constitucional como de los tribunales que la deberán aplicar. Pesa el precedente de la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición y rebajar el de malversación, que no tuvo el efecto esperado por el Gobierno y los independentistas para aliviar las penas de los encausados por el 'procés'. Por otra parte, no son inocuas las reticencias de la judicatura a una ley de amnistía, que algunas asociaciones ya han calificado de anticonstitucional.

Las negociaciones avanzan en medio de resistencias y escenificaciones entre los diferentes actores, pero a un ritmo más lento del esperado. En el PSOE ya han asumido que la investidura no se producirá este mes de octubre. La enmarcan ya más cerca de la fecha tope, el 27 de noviembre, cuando se disolverían las Cortes Generales si antes no se forma gobierno, que del 31 de octubre cuando la princesa Leonor realizará ante el Congreso su juramento de acatamiento de la Constitución, coincidiendo con su mayoría de edad. En un principio se apostaba por evitar que se produjese esta ceremonia con un gobierno en funciones.

El detalle de los acuerdos se antoja todavía más complejo por la intención de Pedro Sánchez de vincular el acuerdo de investidura, al menos, a los próximos presupuestos. Una puerta que han cerrado la mayoría de socios potenciales. Asimismo, se buscan garantías para una legislatura estable que pasan asegurarse el apoyo a las principales leyes. La compleja aritmética parlamentaria salida de las urnas impide la geometría variable, más allá de que con el apoyo de Coalición Canaria el PSOE tendría margen para la abstención de uno de sus socios.

Los pasos del PSOE hacia la amnistía no tienen vuelta atrás. La palabra prohibida que Pedro Sánchez no pronunció hasta antes de iniciar la ronda de contactos con los grupos para negociar su investidura fue asumida sin complejos este lunes por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sin corsés institucionales, lo hizo con un claro alegato defensivo en los micrófonos de Onda Cero para asfaltar un camino que en Ferraz llevaban semanas todavía sin acabar de desbrozar.

En la dirección del partido destacan la “lealtad” del expresidente, quien ya se echó a sus espaldas parte de la última campaña electoral, y la comunicación fluida para coordinarse. La entrevista de este lunes llevaba ya días agendada, según alegan las mismas fuentes, pero el hecho es que hoy será el turno de Felipe González, con una posición contrapuesta sobre amnistía, para expresarse en otra entrevista televisiva.

Zapatero abre el camino

Desde Ferraz defienden que la vieja guardia del partido no es monolítica, al igual que el partido, con diferentes voces y plural. Si bien diferencian unas declaraciones de otras, en lo que respecta a los críticos encabezados por González por la negociación con los independentistas, también ponen en valor la legitimidad de las palabras de Zapatero. Un contrapeso para nivelar posiciones y permitir a Sánchez trazar una línea de continuidad con uno de sus dos antecesores socialistas en la Moncloa. La legitimidad de Zapatero es notoria entre las bases del partido, que deberán ratificar en consulta interna el acuerdo de gobierno si sale adelante la investidura. Un papel del que salió reforzado tras emerger en la campaña del 23-J cuando el partido más lo necesitaba por sus malas expectativas.

Si entonces se erigió como uno de los principales escuderos del líder de los socialistas, ahora se muestra dispuesto a abrir el camino para la amnistía. En su primera intervención pública desde la campaña del 23-J enmarcó la amnistía como “una institución de la que disponen todas las democracias homologables a las nuestras". Por otra parte, concluyó que "cabe en nuestro ordenamiento, igual que cabe en los ordenamientos democráticos, que todos reconocen la división de poderes, el principio de igualdad, pero que contemplan situaciones excepcionales para que este instituto actúe en favor del interés público, en favor del interés general".