García Castellón imputa a los 'números dos' de Interior y de la Policía de Rajoy por presionar al exabogado de Bárcenas

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado citar como investigados al ex secretario de Estado de Seguridad del Gobierno del PP Francisco Martínez y al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino por las presiones de la Policía política durante el Gobierno de Mariano Rajoy contra el exjuez Javier Gómez de Liaño mientras ejercía de abogado de Luis Bárcenas, según consta en un auto l que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

La decisión del magistrado se produce a raíz de que Gómez de Liaño reclamara al magistrado de la Audiencia Nacional que les citara a declarar en la pieza número 36 del caso Tándem. El exjuez pedía que comparecieran en el juzgado, aunque sin especificar si como investigados o testigos, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el que fuera director general de la Policía Ignacio Cosidó; y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino. También solicitaba el testimonio del abogado Alejandro Auset Domper.

"Sin perjuicio de que hasta ahora ninguna de las personas que ha declarado en la causa, ya testigos, ya investigados, ha avalado la intervención de Francisco Martínez Vázquez en los hechos específicos objeto de investigación en la presente pieza separada, lo cierto es que sí constan diferentes anotaciones en las denominadas agendas del investigado José Manuel Villarejo Pérez que sí hacen expresa referencia a Javier Gómez de Liaño, pudiendo revelar actuaciones llevadas a cabo sobre el mismo con relación a eventuales pagos opacos recibidos de Kalashov al tiempo en que ejercía como letrado defensor de Luis Bárcenas Gutiérrez en el conocido como caso Gurtel", destaca el instructor en su resolución.

Fernández Díaz

Esta investigación paralela sobre Gómez de Liaño, completa el juez en su auto, habría sido comunicada al ex secretario de Estado de Seguridad del Ministerio de Jorge Fernández Díaz; pero también a Eugenio Pino, "según revelan las anotaciones plasmadas por el investigado José Manuel Villarejo Pérez en sus agendas".

García Castellón les cita a declarar como investigados y no como testigos porque ya se encuentran encausados en la pieza separada número 7 u operación Kitchen "por hechos íntimamente vinculados con los que son objeto de investigación en la presente pieza". Además, prosigue el instructor, por "el contenido incriminatorio que presumiblemente podrían tener ambas declaraciones", por lo que Martínez y Pino tendrán que comparecer como investigados.

Sin embargo, el magistrado no considera procedente que declaren Ignacio Cosidó y el letrado Auset Domper: "No constan en la causa elementos que vinculen a Ignacio Cosidó Gutiérrez y a Alejandro Auset Domper con los hechos objeto de investigación, más allá de haber ocupado el puesto de Director General de la Policía entre 2012 y 2016 y de ser abogado del Estado en excedencia, respectivamente. Ninguna de las declaraciones practicadas a lo largo de la instrucción y ninguno de los documentos aportados al procedimiento ha puesto de relieve algún tipo de conexión o relación de Ignacio Cosidó y de Alejandro Auset Domper con los hechos objeto de investigación".

Partido Popular

En la mencionada pieza separada del caso Villarejo se investiga, según especificó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sí "personas vinculadas al Partido Popular" encargaron unos "servicios dirigidos a la obtención de informaciones relativas a Luis Bárcenas, imputado en un procedimiento penal, y a su abogado defensor en ese procedimiento, Javier Gómez de Liaño, que pudieran ser utilizadas para presionar a ambos y evitar que pudiesen difundir datos comprometedores para ese partido".

En concreto, trataron de encontrar pruebas de que el exjuez hubiera cobrado 5 millones de euros en Suiza del preso rusogeorgiano Zakhar Kalashov. En esos momentos, Gómez de Liaño lideraba la estrategia del extesorero del PP de reconocer la existencia de una caja b con la que se pagaba en negro a los altos cargos de la formación conservadora.

De forma reciente, la representante legal del PSOE en el caso Villarejo presentó un escrito en el Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que reclamaba al juez que solicitara nuevas pruebas de las supuestas presiones que sufrió el exjuez Javier Gómez de Liaño. La letrada considera en concreto que tres correos electrónicos contradicen la versión de un testigo que declaró que no estaba al tanto de las supuestas actividades que desplegó el investigado Halit Sahitaj para tratar de documentar los pagos irregulares que el preso rusogeorgiano Zakhar Kalashov aseguraba haber realizado a su abogado Javier Gómez de Liaño.