Aragonès critica los argumentos que dio el CNI para espiarle: "Es de Mortadelo y Filemón"

Pere Aragonès sabía desde hacía unos dos años que fue espiado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), pero este jueves supo el motivo: le acusaban de ser el líder en la "clandestinidad" de los Comités de Defensa de la República (CDR). En sus primeras declaraciones este viernes para valorar el asunto, el president de la Generalitat ha considerado que es un argumento "que no se aguanta por ningún lado" y que se parece más "a un cómic de Mortadelo y Filemón" que unos servicios de inteligencia que actúen con seriedad. "Si no fuera por la gravedad de los hechos que se han producido, sería de risa", ha explicado tras visitar un colegio en Vilablareix (Girona)

El CNI pinchó el teléfono de Aragonès bajo la acusación de dirigir a los CDR desde "la clandestinidad"

La Generalitat de Catraluña recibió este jueves una parte de los documentos desclasificados que es donde aparecen los argumentos que dio el CNI al Tribunal Supremo para obtener una autorización para pincharle el teléfono a Aragonès, entonces vicepresident del Govern de Quim Torra. Es una documentación que también tiene el juez que investiga la causa, y que es quién ha obligado al Gobierno a desclasificar la información. Aragonès ha negado cualquier relación con los CDR y aún menos que fuera su líder en la sombra, aunque también ha querido dejar claro que "el derecho a libre movilización también es un derecho fundamental" para cualquier persona.

Aragonès ya se ha podido leer una parte de esta documentación y tiene fundamentalmente dos quejas: la primera es en el fondo del asunto y es que los argumentos dados por el CNI al juez están "fuera de toda realidad" y suponen "una vulneración de derechos fundamentales a base de mentiras". "Es la segunda parte de la Operación Cataluña", ha criticado. La segunda es sobre la forma y es que ha denunciado que los documentos están incompletos. Es decir, que en las páginas recibidas "hay muchos elementos censurados". Básicamente, se ha tachado mucha información en base a un supuesto criterio de confidencialidad. "No hay detalles. Esto es un elemento de indefensión", ha lamentado.

"Si no fuera por la gravedad de los hechos que se han producido, sería de risa"

Pere Aragonès

Pese a que el Govern está indignado con la información recibida, considera que es un primer paso haber logrado los primeros detalles sobre cómo se fundamentaron las infiltraciones al teléfono del president. Él fue uno de los 18 dirigentes espiados con el programa Pegasus con autorización judicial, pero se ha documentado que hay al menos 60 independentistas que tuvieron su móvil pinchado. Así, el president, dentro del enfado, ha destacado que al menos se ha conseguido que el caso esté en sede judicial. Precisamente este viernes está citada a declarar la exjefa del CNI Paz Esteban, que fue cesada tres semanas más tarde de conocerse el espionaje.

"Es la primera vez que los servicios de inteligencia se ven sometidos a escrutinio. Nosotros iremos esta al final", ha dicho el president. Aragonès no es el único que ha llevado el caso a los tribunales. También lo han hecho otros espiados y algunos, como los eurodiputados de ERC Jordi Solé y Diana Riba, incluso han sido citados a declarar. El problema hasta ahora ha sido la dificultad para acceder a información. El programa Pegasus es de una empresa de Israel -NSO- y las comisiones rogatorias a este país no han dado ningún fruto hasta la fecha. De hecho, el president del Gobierno, Pedro Sánchez, también denunció que fue espiado con Pegasus y la Audiencia Nacional archivó el caso aduciendo la falta de colaboración de Israel.

"Basura política"

También se ha pronunciado sobre el caso el nuevo viceconseller del Govern, Sergi Sabrià. Fiel al encargo que tiene de elevar el tono comunicativo del Ejecutivo catalán, ha tildado de "basura política" los argumentos que dio el CNI para investigar al president. "Es absurdo, es una invención, no hay ninguna justificación que Pere Aragonès sea el responsable de los CDR", ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser. Para él el problema es que, pese a que no había "ninguna prueba", el Tribunal Supremo autorizó el pinchazo igualmente.