La Agencia Valenciana Antifraude ha concluido la investigación abierta para esclarecer despidos y nombramientos en los últimos años en la empresa pública Gespa, en Paterna, y sus ramificaciones en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, en las figuras del alcalde Juan Antonio Sagredo y el actual gerente de Gespa, compañero del primer edil en FGV.
En un extenso informe de noventa páginas, la Agencia Antifraude hace un detallado repaso de todo lo acontecido en Gespa desde 2015, año en el que se produjeron los despidos del director de recursos humanos y del director de servicios, por una supuesta innecesariedad de sus puestos. En cambio, la empresa pública paternera contrató meses después a un director de RRHH, un director de Servicios y un director de Marketing y adjunto a la Gerencia. Los despidos costaron al erario público más de 78.500 euros mientras que las retribuciones anuales de los tres nuevos contratos ascendía a 44.520 euros. En las conclusiones, AVA recuerda que los despidos se ejecutaron “sin justificar las razones productivas y organizativas”, y sobre las nuevas contrataciones: “no existe motivación, más aún cuando se acaba de despedir a las dos personas que ocupaban dichos puestos”, se produjo “incumplimiento de los principios de acceso al empleo en sociedad mercantil” y “no se justifica el por qué no se publica la convocatoria del proceso de selección del puesto”. "Ello supone-dice Antifraude-una quiebra de los principios de igualdad y publicidad, constituyendo una infracción del orden jurídico (...), que conduce a una vulneración del principio de igualdad al limitar la concurrencia del proceso selectivo, implicando una desviación del interés general". Además, apunta que "bajo ningún concepto debió aprobarse dicha propuesta por no alcanzar los seis votos necesarios". Ya entonces, un informe de la Secretaria General y el Oficial Mayor del Ayuntamiento también cuestionaba los despidos y contrataciones. En el documento de AVA se recuerda que años después, el consistorio prescindió de la figura del oficial mayor. Por su parte, entre las numerosas alegaciones aportadas por Gespa al proceso, se defiende que “ninguno de los nombramientos ha sido cuestionado por la vía judicial” y afirma que “no existe infracción del ordenamiento jurídico”.
Pero lo que pone de relieve el informe de la Agencia Antifraude es el trasvase y las idas y venidas del alcalde y el actual gerente de Gespa entre la administración local y la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat. Así, el órgano autonómico que preside Joan Antoni Llinares, relata que en marzo de 2018 Juan Antonio Sagredo y Francisco García se incorporan a FGV en puestos de categoría superior a la que desempeñaban con anterioridad. Cabe recordar que el alcalde ya había ido y venido en varias ocasiones del consistorio a Ferrocarrils, de la que es funcionario desde 2001. García, por su parte, hasta marzo del 18 había sido director de recursos humanos de Gespa desde enero de 2016, nombrado por el propio primer edil.
Blindaje salarial en Ferrocarrils
Antifraude apunta que durante los trayectos Ayuntamiento-FGV de Sagredo, el socialista tuvo varios incrementos salariales (hasta mil euros), donde “no consta ninguna motivación”. Además, los nombramientos de ambos fueron acompañados de un ‘blindaje salarial’. AVA pone de manifiesto que de los 17 nombramientos realizados, solo Sagredo y García conservarán una parte del nuevo salario asignado en caso de ser derivados a otros puestos. De hecho, Antifraude revela un documento interno del Gerente de Ferrocarrils en el que exime a Sagredo del control horario. Esta situación causo cierto malestar entre las secciones sindicales de FGV que en algunas reuniones preguntaron dónde estaba el alcalde, al no verlo por las instalaciones ferroviarias. En su escrito, Antifraude afirma que los nombramientos de Sagredo y García no tuvieron “provisión ni motivación” y “no se observa en que los nombramientos se hayan realizado mediante la publicidad que garantice la libre concurrencia”.
En junio de 2019, FGV eleva a Sagredo a director del gabinete de gerencia, días después de arrasar en las elecciones municipales con mayoría absoluta. Su retribución mensual bruta pasa de 2.500 euros a 6.200. Antifraude cuestiona que ese puesto había estado vacante desde 2016 y que, "de nuevo, no consta motivación o justificación". De hecho, Antifraude remarca que en el expediente "no consta justificación alguna en la elección de Sagredo sobre el resto del personal que cumpla los requisitos para el nombramiento del puesto de director de gabinete", y apunta que "hay que tener en cuenta que u FGV cuenta con una estructura de cinco miembros con responsabilidades de primer nivel".
El verano de ese 2019, Gespa, presidida por el alcalde socialista, prescinde del gerente y coloca a Francisco García, con un salario mensual bruto de 6.000 euros, cuando en marzo era de 3.828 euros, según el informe de AVA. La agencia tampoco aprecia motivación en esta destitución y nombramiento, realizado “sin seguir el procedimiento establecido para los nombramientos mediante libre designación en contratos de alta dirección”. Antifraude, en una de sus exposiciones, resalta “la amistad existente entre Sagredo y García, comprobando que excede del ámbito meramente profesional (compañeros en FGV durante años) y que ello repercute el posible beneficios y mejoras de carácter económico de manera recíproca”.
Ausencia de relevancia penal
La Agencia Valenciana Antifraude reconoce en sus conclusiones “la ausencia de relevancia penal en los hechos analizados”-las diligencias fueron archivadas por la Fiscalía de Valencia hasta en dos ocasiones-, pero “ello no impide que puedan existir irregularidades administrativas, laborales o de otra índole”. Por este motivo, enumera una serie de recomendaciones para Ferrocarrils y Gespa. Para la empresa de transportes pide un programa de cumplimiento normativo y nombramiento previo de los trámites legales que procedan a de un responsable de cumplimiento, así como la elaboración de instrucciones de buenas prácticas en los procesos selectivos de puestos de trabajo. También la adecuación del número de puesto de personal directivo a la normativa vigente. En cuanto a la sociedad mercantil paternera, Antifraude pide, entre otras cuestiones similares a FGV, una modificación de los contratos de alta dirección. Concede tres meses a ambas para implantar sus indicaciones.
