El Consell del Botánic retira a Torrent la competencia para constuir el Palacio de Justicia

El consistorio recibe un requerimiento, que firmó hace dos semanas la exconsellera Gabriela Bravo, en el que anula el convenio firmado en 2018

La subida de precios de los materiales y el bajo porcentaje de cumplimiento son las causas que se alegan

Proyecto definitivo del Palacio de Justicia de Torrent.

Proyecto definitivo del Palacio de Justicia de Torrent. / A.T.

Como un jarro de agua fría. Así ha caído en Torrent la resolución del Consell saliente por el que se le retiran al ayuntamiento las competencias para construir el Palacio de Justicia, un proceso que comenzó a tramitarse hace cinco años, a raíz de la firma de un convenio entre ambas partes, con el que se pretendía agilizar la edificación de una infraestructura prevista ya hace una década.

La resolución por la que se revocan las competencias a Torrent fue firmada por Gabriela Bravo el 26 de junio y rubricada por la que era vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, el día 29 del mismo mes, lo que significa que se realizó ya en los últimos días de la legislatura autonómica, estando ambas (y el resto del Consell) ya en funciones y cuando en Torrent había tomado posesión un nuevo gobierno local formado por el Partido Popular y Vox, que lidera Amparo Folgado). El documento llegó el pasado viernes a última hora al ayuntamiento.

"No entendemos cómo en los últimos días y ya existiendo un nuevo Consell electo, pudieron firmar esta decisión, en lugar de dejar al ejecutivo que iba a entrar que estudiara el asunto"

Jose Gozalbo

— Concejal de Urbanismo de Torrent

«No entendemos cómo en los últimos días y ya existiendo un nuevo Consell electo, pudieron firmar esta decisión, en lugar de dejar al ejecutivo que iba a entrar que estudiara el asunto y buscara una solución. El ayuntamiento ha invertido aquí muchas horas de trabajo del funcionariado a lo largo de los años, además de un dinero que esperamos recuperar», critica el concejal popular José Gozalbo, nuevo titular del área responsable.

Cinco años de trabajos

El acuerdo para que la Conselleria de Justicia cediera al Ayuntamiento de Torrent la delegación de funciones para la construcción del palacio de justicia, en todas sus fases (desde el encargo de la redacción del proyecto técnico hasta la edificación) se firmó, a instancias del alcalde socialista Jesús Ros en septiembre de 2018. En aquel momento se preveía una inversión de 17,7 millones de euros para todo el proceso (honorarios, redacción de proyectos y obra), que costearía la conselleria. El gobierno local de la época lo consideró un gran logro después de una década del solar paralizado, sin que se hubiera ejecutado un solo trámite, mientras el actual edificio de los juzgados se saturaba y algunos servicios se había tenido que dispersar.

El ayuntamiento licitó la redacción del proyecto en 2019 y fueron 17 las empresas que se presentaron para elaborar el diseño. De forma paralela a ese proceso, el consistorio fue ejecutando la urbanización de toda la pastilla de terreno, en el Parc Central, donde se ubicaría, en la que también deberían situarse nuevos servicios.

La adjudicación de la redacción del proyecto prevista para 2020 sufrió un retraso al presentar un recurso una de las firmas que optaba al concurso. Y posteriormente, una vez otorgado a la empresa correspondiente y realizado el trabajo, la Conselleria de Justicia realizó una serie de subsanaciones que obligaron a modificarlo de nuevo. Finalmente, quedó aprobado y la siguiente fase era ya la licitación de la construcción del palacio, que se preveía para finales de 2023, de forma que en el ejercicio siguiente comenzara a construirse.

El coste se ha duplicado

No obstante, en la resolución que ha firmado recientemente la ya exconsellera se pone de manifiesto que en ese proceso, debido fundamentalmente a la subida del coste de los materiales y a los cambios realizados por el Consell sobre la idea original, el proyecto pasó de costar 17,7 millomes a 32,9 millones. El grueso del aumento estaba en la obra, que había subido de los 16,8 millones de las memorias iniciales a 29,1 millones de euros.

Solar donde se tenía que ubicar el proyecto.

Solar donde se tenía que ubicar el proyecto.

Esta subida ya no encaja con la previsión presupuestaria que tenía la conselleria para la infraestructura por lo que, en la resolución se indica que «no resulta viable» seguir con el convenio. A este motivo se une el hecho de que la conselleria considera que el porcebtaje de ejecución del convenio es pequeño. 

"Torrent ha trabajado mucho"

El concejal José Gozalbo (PP) ha defendido la gestión que hizo el consistorio en la etapa anterior y especialmente el funcionariado ya que «hay que recordar que ha habido una pandemia, que en un proyecto de una inversión tan elevada al que optaron tantas empresas, los tiempos de valoración se alargan y que además hubo un recurso de una empresa», indica. El edil también recalca que «cada vez que el ayuntamiento consultaba a la conselleria, que ha de tomar todas las decisiones, las respuestas se demoraban mucho». 

Por ello, en el ejecutivo no se entiende que se haya adoptado una decisión tan «drástica». Fuentes municipales indican que todo este asunto tiene que ver con «la grandilocuencia anterior y los Ximoanuncios que no quedan en nada como tampoco llegan a ningún sitio los anuncios de Ros» Otras fuentes apuntan a que el PSPV «debió ser más prudente a la hora de aceptar tan a la ligera delegaciones de obras que no son competencia municipal».