El Consell estudiará medidas "para defender a los propietarios" contra la ocupación ilegal

El vicepresidente primero del Consell, Vicente Barrera, ha visitado esta mañana el barrio de la Magdalena de Massamagrell para denunciar y conocer de primera mano la situación que atraviesa el vecindario tras la llegada de varias familias de okupas que han asaltado de forma masiva al menos una decena de unifamiliares, unos hechos de los que ha venido informando este diario y que han alterado la convivencia vecinal en la zona por el perfil de algunos de los okupas.

Miedo vecinal en Massamagrell tras la okupación de cuatro adosados

Barrera ha manifestado la preocupación del Gobierno valenciano tras conocer la ocupación de varias viviendas en la localidad y ha anunciado que "vamos a proponer a nuestros socios de gobierno impulsar una serie de medidas desde nuestras competencias para afrontar esta lacra". En este sentido, si bien no ha detallado ninguna de las medidas que va a plantear, ha lamentado que en la actualidad "haya que ir a un juzgado para defender la propiedad privada cuando lo lógico sería que si alguien detecta que una vivienda ha sido okupada llames a la policía y en una hora saque esposados a los delincuentes".

"Hay que defender al propietario y no al delincuente"

En declaraciones a los medios, el conseller ha incidido en su intención de buscar "desde nuestras competencias" herramientas para afrontar esta lucha "para defender y darle instrumentos de defensa o de ayuda al propietario y perseguir a los delincuentes". En este contexto, ha recordado que la Generalitat Valenciana cuenta con un servicio gratuito de orientación donde los afectados por la ocupación pueden recibir asesoramiento y acompañamiento durante el proceso judicial.

Barrera ha estado acompañado por altos cargos de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, entre ellos la directora general de Víctimas y Acceso a la Justicia, Belén Pulgar, quien ha detallado que “va a poner a disposición todas las Oficinas de Delitos para proteger a las familias frente a la ocupación ilegal” y ha añadido que “nuestra prioridad es que todas las personas víctimas de la ocupación ilegal, a partir de ahora, tengan la protección con la que no contaban”. Asimismo, Pulgar ha indicado que actualmente existen 36 Oficinas de Delitos en la Comunitat Valenciana, una por cada partido judicial (una de ellas en Massamagrell), una red que pone a disposición de los ciudadanos "de manera completamente gratuita a tres tipos de profesionales: letrados, psicólogos y trabajadores sociales".

Durante su visita a la localidad de l'Horta Nord, el vicepresidente ha tenido la oportunidad de hablar con algunos vecinos, quienes le han expresado "su desamparo y su desesperación". "Nos hemos puesto en contacto con las asociaciones de vecinos y todos nos decían lo mismo: 'no nos atrevemos a hablar'. Hay auténtico miedo, porque detrás de todo hay una serie de líderes que son violentos y que amenazan", ha señalado Barrera, quien ha llegado a asegurar que uno de los vecinos ha sufrido una agresión física "tras plantarle cara a alguno de los okupas".

Analizan herramientas para afrontar los casos

Tras la visita al barrio de la Magdalena, la comitiva se ha desplazado al Ayuntamiento de Massamagrell para reunirse con la alcaldesa, Pilar Peris, quien ha explicado a los presentes las distintas medidas que han impulsado desde el consistorio "dentro de nuestras competencias", entre las que destaca el refuerzo de la presencia policial en la zona y la elaboración de un informe por parte de la Jefatura de la Policía Local de Massamagrell para conocer el estado de cada una de las viviendas del barrio de la Magdalena.

Tras atender a los medios, la comitiva se ha trasladado a los juzgados de Massamagrell, donde han mantenido una reunión de trabajo junto a representantes municipales, judiciales y policiales de la localidad, así como la alcaldesa de Museros, Cristina Civera, ya que, en palabras de Peris, "es un municipio que atraviesa una situación similar y que en los últimos años se ha agravado un poco". Así, durante el encuentro se han analizado posibles herramientas para afrontar a nivel autonómico los casos de ocupación ilegal de viviendas.