La alcaldesa de Calp, Ana Sala, del PP, desveló ayer una nueva incidencia en el transporte sanitario de urgencias. Dijo que un vecino sufrió el viernes un desmayo en un local comercial de la céntrica avenida Gabriel Miró. Se avisó al 112 a las 16.25 horas. Acudió la policía local y halló al hombre tirado en el suelo, consciente, pero débil. A las 17 horas llegó la ambulancia de la Cruz Roja. Sus sanitarios advirtieron de que el enfermo había sufrido una hipoglucemia. Pidieron al CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) trasladarlo al centro de salud de Calp. Pero no les autorizó, aseguró la alcaldesa, que leyó el parte policial. El CICU indicó que había que esperar a que llegara la ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), que es la dotación que la conselleria de Sanidad tiene asignada en el municipio. Llegó, apuntó Ana Sala, a las 17.15 horas y ya llevó al paciente al centro de salud. Por tanto, esta vez el enfermo tuvo que esperar 50 minutos hasta que lo trasladaron a urgencias y lo vio un médico.
La alcaldesa reveló este nuevo retraso antes de que se debatiera su propuesta de elevar a la conselleria de Sanidad la «situación de vulnerabilidad» que sufren los vecinos y visitantes y exigirle medidas para reforzar el transporte sanitario de urgencias. La moción incluía dos aportaciones de Compromís: calcular el tiempo que tarda el SAMU de Benissa o las ambulancias de Dénia y Xàbia en llegar a una urgencia en Calp, e iniciar una reclamación por responsabilidad patrimonial contra la conselleria. La munícipe también planteó que todos los grupos votaran a favor de que se elevara a pleno un convenio «alegal» que se firmaría con la Cruz Roja o una firma de transporte sanitario para reforzar el servicio en Calp.
La propuesta salió adelante por unanimidad. No obstante, la oposición le reprochó a la munícipe que hiciera ruido con un problema que otros ayuntamientos, como Benidorm o Xàbia, han solucionado con convenios cuya legalidad nadie ha cuestionado.
