El futuro de la UNED en Sagunt sigue en el aire. Así lo vuelve a denunciar el concejal segregacionista, Juan Guillén, quien lamenta la «inseguridad» con la que se encuentran los 270 alumnos del centro, pues «a escasas fechas del inicio del curso aún desconocen si continuará o no», por lo que no saben «si tendrán que desplazarse a otro lugar para seguir sus estudios universitarios».
El edil de IP volvió a llevar esta cuestión al pleno de agosto celebrado la semana pasada, cuando reclamó al alcalde, Darío Moreno, que «se tome el asunto con seriedad, porque la situación de los alumnos de la UNED de este municipio merece una respuesta clara. No es de recibo que se juegue con el futuro de estos estudiantes».
A este respecto, Guillén recuerda que en el pleno de julio se presentó un punto de urgencia para votar el convenio entre el ayuntamiento y la UNED, que finalmente fue retirado del orden del día bajo el compromiso del alcalde, Darío Moreno, de que se analizaría el tema más a fondo y se convocaría, si fuera necesaria, un pleno extraordinario en pleno mes de agosto.
Aquel debate lo abrieron alumnos de la UNED, que agradecieron los esfuerzos para que este aula de enseñanza universitaria haya cumplido 23 años en Sagunt, aunque también valoraron que 50.000 euros al año, que es la cantidad estipulada en el convenio, no puede ser un obstáculo insalvable para la continuidad del servicio. El alcalde explicó entonces que los números rojos obligaban al ayuntamiento a renunciar a las competencias impropias, como la UNED, una teoría que, según dijo, tiene excepciones en aquellos servicios que ya se prestaban.
El concejal de IP lamenta que el tripartito es conocedor de la situación desde hace cinco meses, cuando la dirección general de Administración Local de la Generalitat informó desfavorablemente al desembolso municipal en la UNED, tiempo en el que «no se ha hecho nada por zanjar este asunto que apenas supone un desembolso de 50.000 euros», opina.
Fórmulas legales
Entre las fórmulas legales que propone el segregacionista está pedir a la Diputació de València que asuma el gasto, teniendo en cuenta, además, que no todos los alumnos son de Sagunt. Existen precedentes, insiste Guillén, en Vila-real, donde el arraigo de la institución en el municipio ha pesado más que la delicada situación financiera, con un informe favorable por parte de la Abogacía del Estado. En busca de una solución inmediata, los segregacionistas reclaman la convocatoria de un pleno extraordinario para acabar con la incertidumbre.
