El alcalde de Sagunt reclama un acuerdo sobre los costes de la desalinizadora

El socialista Darío Moreno apoya que la ciudad sea parte de la "solución transitoria" a Cataluña, pero reclama el fin del litigio con Acuamed

Desaladora de Sagunt.

Desaladora de Sagunt. / Tortajada

Mónica Arribas

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha apoyado que la ciudad "pueda ser parte de la solución transitoria" a la situación de sequía en Cataluña, "de la misma manera que si el día de mañana nosotros lo necesitáramos, esperaríamos también esa solidaridad".

El socialista ha aprovechado para remarcar que esto evidencia que la desalinizadora "no es estrictamente una infraestructura local o municipal," tal y como ha venido defendiendo durante años el ayuntamiento, sino que "va mucho más allá y es esencial para la estrategia nacional hídrica".

"Este último episodio acredita este argumento que venía defendiendo el ayuntamiento", ha destacado, además de considerar que, al hablar de "crisis climática" no se trata de "territorios sino de personas".

"Ganar seguridad jurídica"

En esta línea, ha reclamado la resolución del conflicto jurídico que mantiene el consistorio con Acuamed sobre qué institución debe asumir los costes de la infraestructura.

"Es el momento de un acuerdo que pacifique de una vez por todas este asunto y que con ello ganemos seguridad jurídica alrededor de esta infraestructura clave", ha afirmado, después de años de gestiones municipales para reformular el convenio firmado por ambas partes hace más de 15 años, cuando el ayuntamiento se comprometió a asumir los gastos de amortización, mantenimiento y explotación, en el caso de que no hubiera otros clientes; una cifra que ya rozaba los 9,9 millones de euros en octubre de 2023, como informó este diario.

Único cliente

La postura municipal siempre ha pasado porque el Ministerio asumiera el coste total de la construcción, puesta en marcha y mantenimiento de la desaladora "sin coste alguno" para el municipio.

Aún así, en 2021 Acuamed llevó al ayuntamiento a los tribunales porque el consistorio se negaba a pagar gastos de amortización, mantenimiento y explotación de una planta que supuso una inversión de más de 40 millones de euros que se esperan rentabilizar con la futura gigafactoría pues, hasta otoño del año pasado, su  único cliente que la desalinizadora era Oxígenos de Sagunto.

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