Hasta finales de este mes está en período de alegaciones el borrador del anteproyecto de la ley de Igualdad Valenciana que sustituye a la de 2003, ampliamente superada por los acontecimientos y que ya nació modesta y raquítica en función del contexto político y social existente hace casi 20 años.

Es una ley que merece especial interés a las asociaciones de mujeres que llevan años trabajando duro, invisibles y poco reconocidas, en casi todos los pueblos y ciudades del territorio para hacer realidad la igualdad de derechos en la vida cotidiana.

Porque a ellas, más que a nadie o tanto como a la que más, les ha de interesar una ley que, como dice en su preámbulo, quiere ser una ley ambiciosa y feminista buscando mejorar las vidas de las mujeres y por tanto de la sociedad valenciana en su conjunto. Que no se anda con medias tintas, cuando explicita que su objetivo es conseguir una igualdad de género que sea efectiva desde la construcción de una sociedad centrada en los cuidados y la sostenibilidad, donde la vida sea digna de ser vivida.

Su ambición queda patente en los epígrafes de la ley cuando habla de la centralidad de la vida, lo que exige políticas de redistribución de la riqueza o la reconfiguración de los usos del tiempo, para que no sea nuestro dueño, sino que esté a nuestro servicio. Cuando se compromete con la sostenibilidad, que no es posible si no se establecen garantías para el cuidado o se generan políticas de supervivencia medioambiental.

Son ciertamente las políticas públicas las que más ampliamente se mejoran y enriquecen, pero hay un mensaje claro y convincente para la empresa privada y la sociedad en general, cuando se habla de educación, salud, urbanismo, cultura o deporte. Y sobre todo hay un lenguaje propositivo y arraigado en la realidad cuando apuesta por las calles con nombre de mujer, por los patios coeducativos, la recuperación de espacios públicos para la convivencia o la educación sexual obligatoria desde los 6 años.

Su discurso es compartido a pesar de los necesarios matices o aclaraciones. Incluso a veces discrepando de acciones y medidas que exigen una rigurosa y colectiva reflexión previa. Pero en todo caso, en abierta fricción con otros pareceres que solo apuestan por devolver a la cocina y al silencio las aspiraciones de las mujeres de vivir en igualdad de derechos.

Es solo un borrador que ha de realizar un largo recorrido legislativo, en el que sufrirá seguro modificaciones relevantes. Pero, en mayor o menor grado, su aprobación y aplicación puede afectar a todas las mujeres al satisfacer en mayor o menor medida algunas de las expectativas que sus asociaciones mantienen desde hace demasiados años.

Sin embargo, siendo una ley prometedora y comprometida, está cometiendo en su tramitación el error habitual de nacer al margen del movimiento directamente implicado en su gestación: el movimiento de las mujeres. Cuando el plazo ahora fijado termine, se iniciará su largo y complejo tránsito político en el que la sociedad civil ya no tiene posibilidad de participación.

Son demasiado pocas las asociaciones que han participado en el proceso de elaboración del texto. Y menos todavía las que conocen y pueden opinar sobre el borrador, ahora en período de alegaciones. Al Consell de les Dones autonómico, que tras muchos años congelado, sólo ha celebrado su reunión constitutiva, ni está ni se le espera. Y eso que es órgano de consulta y participación de las asociaciones de mujeres del País Valenciano.

Indudablemente no es la ciudadanía la que elabora, aprueba y aplica las leyes, sino la clase política que nos representa. Pero es poco inteligente y bastante injusto ignorar a quien debe creer en ellas y darles apoyo. En este caso, a ese tejido social compuesto por las numerosas asociaciones de mujeres de ámbito local o comarcal que hacen su labor a pie de obra, con el viento a favor o en contra, con pocos o muchos recursos, pero son la piedra angular del cambio cultural necesario para construir un feminismo de hechos y de derechos.