Derecho a vivir en València

En 2015 la pregunta que debía responder València era si estábamos dispuestos a que nos siguieran saqueando. Pero esta ciudad ya dijo que no a eso y lo volverá a decir. Y, en mi opinión, lo que debe responder València en 2023 es a la pregunta de ¿quién va a poder vivir en nuestra ciudad? Y me parece que la respuesta define el futuro de las ciudades.

Cualquiera que haya buscado un alquiler o comprar una casa sabe de qué le estoy hablando. Es cierto que no tenemos los problemas de Madrid, que es donde no debemos llegar, pero estamos sometidos a las mismas presiones. Fondos que quieren comprar viviendas para especular, sin importar mantenerlas vacías o a costa de expulsar a personas como se ha pretendido en Fuensanta o en La Torre. Operadores que donde hay una vivienda ven más rentable un apartamento turístico. La falta de un parque público de vivienda que otros países han construido durante décadas, mientras en el nuestro se iba privatizando.

Y no hacer nada tendría unas consecuencias devastadoras. La respuesta a la pregunta que formulaba al principio sería que solo aquellos que ya tenían un piso en propiedad desde hace años o ingresos altos podrían quedarse en las ciudades. Una ciudad donde vivir sea un lujo o un privilegio negado a generaciones enteras. Una ciudad sin jóvenes ni nuevas familias trabajadoras.

Todo lo contrario, a lo que garantiza el futuro de las ciudades, que ha sido siempre la pujanza de quienes inician un proyecto de vida, hacen crecer sus familias en los barrios, se quedan en ellas porque es donde han estudiado o tienen su trabajo. Es obvio que, por ejemplo, quienes estudian hoy Formación Profesional o en la Universitat de València o Politécnica son el talento por el que grandes empresas están invirtiendo aquí. Expulsarles es condenarnos, también, al fracaso económico colectivo.

Como alejarlos tiene costes ambientales por los desplazamientos diarios, pero también sociales y personales. Porque en un país donde muchas personas tienen jornadas partidas poder llevar a tus hijos e hijas a la escoleta al colegio o a una extraescolar depende de lo lejos que este tu casa de tu trabajo. Así que sí, una vivienda cara va en contra de la sostenibilidad, de la conciliación y de la felicidad por perderte esos momentos.

Hay que actuar a favor del derecho a la ciudad. Con dos medidas clave del Gobierno: la movilización de la vivienda de la SAREB, rescatada con decenas de miles de millones y que es de justicia que sea de alquiler asequible y con la nueva ley de vivienda que va a permitir hacer algo ineludible, regular el precio del alquiler. Algo que aplicaremos en toda la ciudad, declarándola zona tensionada, y que molesta a una derecha preocupada de la rentabilidad de los fondos y no del precio del derecho a la vivienda.

Y ponerse del lado de la gente significa estar enfrente de quienes quieren una ciudad Monopoly. Por eso, desde este año, en València pagan más los que acumulan pisos vacíos. Debemos intervenir en las compraventas por fondos buitre, prohibir los apartamentos turísticos en lo que deben ser viviendas y límites a los que pueden existir como hace el Plan Especial del Cabanyal, aplicar una tasa Airbnb y perseguir proactivamente a los que operan ilegalmente. Y, sin pausa y en la mayor cantidad posible, adquirir, construir y aumentar el parque público de vivienda, como estamos impulsando los socialistas con 2.500 viviendas nuevas en València, hasta alcanzar el 20% que representa en los países a los que queremos parecernos.

Si me preguntan para qué quiero ser alcaldesa la respuesta es para que tú puedas vivir en València. Para que tengas derecho a vivir en València.