El músculo de la Administración Pública

Hace aproximadamente un año, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, cuya principal novedad es la obligación de todos los Ayuntamientos de poner en marcha canales de denuncia internos, así como el establecimiento de medidas de apoyo y protección de las personas que denuncian o informan infracciones administrativas o penales.

El plazo del que disponían los municipios de menos de diez mil habitantes para su implantación finalizó el pasado 1 de diciembre y, por desgracia, son muchos los municipios que todavía no lo tienen en funcionamiento. En concreto, y según datos de la propia Agencia Antifraude en la Comunidad Valenciana, solo han cumplido 50 de los 440 obligados. Y los datos no son mejores entres los municipios de mayor tamaño, donde solo constan 31 sobre los 102 que debería contar con el conocido como buzón de denuncias desde allá por el mes de junio. Ni siquiera la posible sanción económica ha conseguido acelerar el proceso.

¿Entonces? Entonces habrá que hacer un análisis -con actitud crítica- sobre la capacidad de los Ayuntamientos para gestionar y cumplir con las desproporcionadas demandas a las que se ven sometidos desde distintos flancos.

Cada vez son más las exigencias impuestas por las normas -emanadas en cantidades ingentes, con premio al mayor número de páginas, y que alimentan el monstruo de la burocracia-, así como los organismos de control existentes, sin embargo, la preocupación de la sociedad española por la corrupción no ha dejado de crecer en los últimos años.

Algo no funciona. Si acudimos a la ciencia obtendremos una respuesta: no hay músculo. Ahora que está tan de moda el ejercicio de fuerza podemos acudir a múltiples fórmulas para calcular nuestro RM, es decir, el máximo peso que una persona puede mover. Pues bien, necesitamos de forma urgente una fórmula para calcular esa misma capacidad referida a los Ayuntamientos y sus cargas, porque todo lo demás es papel mojado o, mejor dicho, amontonado, aunque sea electrónicamente, que no ocupa.

No es momento de más estadísticas, pero ya que estamos conviene saber que, en muchos Ayuntamientos, los más pequeños, tan solo se cuenta con la figura del conocido habilitado/a nacional para encargarse de los variados menesteres legales. Y no es algo que mejore sustancialmente con el tamaño, pues si escuchas atentamente, la queja es generalizada.

Debemos trazar un plan. Pero los Ayuntamientos -de cualquier tamaño- ya tenemos un plan. Bueno, varios. A voz de pronto: un plan de contratación, un plan normativo, un plan estratégico de subvenciones, un plan de igualdad, un plan de movilidad, un plan antifraude. Con suerte tocas a un par de planes por cabeza. La misma cabeza que ejecuta el trabajo y que recibirá las denuncias sobre el mismo. ¿Incongruente?

La planificación sin medios no es planificación, así que será otra cosa. Los controles sin más no son prevención, así que serán otra cosa.

Por respeto a la ciudadanía, al personal funcionario y a la vocación de servicio público es hora de empezar a tomar medidas serias, directas y, sobre todo, viables.