La historia se repite en Llaurí. Una nueva sentencia por un conflicto urbanístico arrastrado durante décadas lastra la economía del consistorio, que se ha visto forzado a ampliar su endeudamiento para poder hacer frente al pago de un millón de euros. Según reflejan los datos del Ministerio de Hacienda, la abultada deuda del municipio se ha incrementado un 50,3 % entre 2019 y 2020 hasta alcanzar los 3,4 millones de euros.
A lo largo de los últimos años, el ayuntamiento ha visto cómo la gestión urbanística de épocas anteriores se convertía en una losa financiera para las arcas públicas. La última sentencia a la que debe hacer frente asciende, aproximadamente, a un millón de euros. Una cifra que equivaldría al presupuesto anual de Llaurí, una población de solo mil habitantes.
El consistorio ha tenido que acogerse a un plan de pago ministerial para hacer frente a la sentencia, ya que le resultaba imposible asumir tal cantidad. Una circunstancia que no le es ajena. El gobierno local ya era consciente de que debería abordar esta problemática heredada aunque espera que sea la última de una lista demasiado larga. Con todo, la alcaldesa de la localidad, Ana González, declinó valorar el nuevo fallo judicial al ser preguntada ayer por Levante-EMV.
Llaurí tiene una superficie de unos 13 km² que han dado para múltiples conflictos urbanísticos que que acabaron judicializándose. Hace cinco años, el ayuntamiento ya tuvo que pedir un crédito de algo más de 600.000 euros para hacer frente a una sentencia judicial que le obligaba a liquidar expropiaciones que se produjeron en el polígono en la década de 1980. De aquellas gestiones urbanísticas, tramitadas por el gobierno que lideraba Vicent Climent, se sobreviene también la sentencia que obligó al consistorio a aumentar su deuda el año pasado.
El origen del conflicto se remonta a hace más de tres décadas cuando el ayuntamiento se adjudicó en subasta siete fincas para construir en ellas un polígono industrial. Comenzó una larga batalla judicial que concluyó con la condena del exalcalde Climent por falsedad en documento público. El ayuntamiento, como responsable civil subsidiario, debía indemnizar a la empresa Transforma con 2,1 millones de euros. El impago llevó al embargo e, incluso, en enero de 2004, se subastaron diferentes propiedades del ayuntamiento.
También con Climent en el ejecutivo, aunque en un gobierno de coalición con PP, UV y un tránsfuga socialista, se aprobó en 2006 un PAI industrial que cuatro años más tarde el TSJ tumbó al considerarlo lesivo para el interés público. El informe judicial elaborado a instancias de la actual alcaldesa y sus socios de Gent de Llaurí ya alertaba de las irregularidades del proceso.
Trato de favor
No es el único proyecto urbanístico de aquella época que acabó en los tribunales. También en 2006 se aprobó un proyecto urbanístico que contemplaba la construcción de 1.400 viviendas en la zona conocida como la Fonteta del Torrut. El juez constató que la corporación de coalición presidida por Juan José Cucarella incumplió la legislación en el procedimiento seguido para la selección de la alternativa técnica y del agente urbanizador.
Ya en 2013, el TSJ anuló el PAI del sector Rajolar, también aprobado en 2006, al entender que era contrario a derecho. Este en cuestión proyectaba 150 casas en una zona urbanizable junto a la calle 9 d’Octubre. En solo dos años de gobierno se aprobaron, por tanto, hasta tres proyectos urbanísticos que la Justicia tumbó por irregularidades varias.
Un historial urbanístico y judicial que ha lastrado la economía municipal y que todavía lo hará durante los próximos años.
