La adjudicaria se queja ante el Síndic del retraso del barrio bioclimático de Alzira

La empresa sostiene que la «desesperante inactividad del consistorio «ya ha tenido efectos perniciosos» por la inflación y pide una respuesta

El edil de Urbanismo atribuye el retraso a la preparación del informe económico que valorará la oferta presentada

Zona en la que se construirá el barrio

Zona en la que se construirá el barrio / SALVA VIVES

La empresa Palinuro SL, llamada a convertirse en agente urbanizador de las 300 viviendas de alquiler asequible que el ayuntamiento de Alzira piensa construir en el Torretxó Baix, junto al colegio Teodoro Andreu, ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges ante el retraso que acumula el proyecto. La promotora reclama que el ayuntamiento detalle los motivos que impiden la resolución del expediente, que fue declarado de urgencia. El departamento municipal de Urbanismo atribuye la demora a «la necesidad de emisión del correspondiente informe económico, en el que se haga una adecuada valoración de la sostenibilidad económica de la oferta presentada».

Palinuro fue la única empresa que concurrió al concurso público que debía escoger el agente urbanizador de casi 200.000 metros cuadrados de uno de los barrios más degradados de Alzira. Esa zona, en la que ya se ha abierto la flamante sede de la Policía Local y que también albergará las nuevas instalaciones del parque comarcal de bomberos -que hoy se sitúa en una zona inundable-, aspira a convertirse en una moderna barriada que ofrecerá viviendas sostenibles y asequibles para dar respuesta a la amplia demanda de inmuebles de alquiler.

La urbanizadora alega que la «desesperante e injustificable inactividad» del ayuntamiento y la falta de respuesta a sus requerimientos» le ha llevado a plantear una queja formal ante el Defensor del Pueblo Valenciano. «Cada día que pasa resulta más complicado mantener los compromisos adquiridos ante la coyuntura inflacionista ante la que nos encontramos».

Pese a la declaración de urgencia «ya se han vencido con creces todos los plazos», lamenta la empresa. La dilación del procedimiento «ha tenido efectos perniciosos tanto en los costes como en los compromisos adquiridos con terceros», alerta. La ley establece un plazo máximo legal de diez días a contar desde la apertura de plicas para proceder a la adjudicación provisional del proyecto. Han pasado más de seis meses y todavía no se ha movido ficha.

El concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, negó rotundamente en julio que el proyecto hubiera caído en saco roto y atribuyó la tardanza a la complejidad del expediente y al cambio de gobierno. Las elecciones municipales de mayo permitieron mantener la coalición de gobierno que gestionó el barrio bioclimático, aunque muchos de los concejales entraban por primera vez en el consistorio, entre ellos el responsable del departamento que gestiona ese plan.

El ayuntamiento respondió al Síndic el pasado 20 de septiembre. La respuesta, de apenas cinco líneas, señala que el informe económico todavía no está resuelto

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