Més Algemesí cuestiona que el ayuntamiento pagara un concierto a la Comisión Taurina

La coalición nacionalista pone el caso en manos de la Agencia Valenciana Antifraude

Recinto que acoge la lidia vespertina y los conciertos

Recinto que acoge la lidia vespertina y los conciertos / Levante-EMV

Més Algemesí ha criticado que el gobierno municipal, integrado por el PP y VOX, no solo ceda la plaza de toros sin fiscalizar el beneficio que obtiene la Comisión Taurina al subastar los cadafales y cobrar las entradas sino que este año también ha asumido el coste de una actuación nocturna, un gasto que la coalición nacionalista considera que, además de ser políticamente y éticamente indefendible, “podría también considerarse administrativamente irregular”.

El portavoz Compromís, Josep Bermúdez, defiende que cuando el ayuntamiento contrata un espectáculo musical, teatral o artístico decide si es gratuito o bien establece un precio público. “Pero por primera vez hemos asistido a una decisión que no tenemos claro que respete la legalidad en materia económica, de transparencia y buen gobierno”, reprocha.

La Comisión Taurina anunció el espectáculo “Tributo a Estopa” y la mercantil Semana Taurina de Algemesí fijó el precio de las entradas en 18 euros para los no abonados a los cadafales. El día 28 se septiembre, el ayuntamiento acordó contratarlo y la Junta de Gobierno Local del 6 de octubre pagó la factura, que ascendía a 16.115 euros. En ningún caso se estableció el precio público que debía de recaudar el ayuntamiento.

“Estos hechos son mucho más graves para, puesto que el ayuntamiento no puede pagar la factura de un espectáculo para que una sociedad mercantil haga negocio por mucho que esté vinculada a la Comisión Taurina”, cuestiona Bermúdez.

Més Algemesí recuerda que la Comisión Taurina ya cuenta con una subvención anual de 79.000 euros y “podría haber destinado, legalmente, esta subvención a pagar esa actuación”. Bermúdez entiende que esa “confusión de papeles y procedimientos es intolerable y entiende que existe una responsabilidad política, pero también administrativa. La coalición ha puesto el caso en conocimiento de la Agencia Valenciana Antifraude y también remitirá los hechos a la Sindicatura de Comptes.