Cullera cifra en 55 millones el coste de la indemnización para salvar la montaña

El coste de la indemnización que el Ayuntamiento de Cullera debería pagar a las empresas Construcciones Generales Mediterráneas (Congemesa), Eidan y Promociones Turísticas Deportivas para evitar la construcción de chalés de hasta cuatro alturas en el entorno del castillo medieval y la antigua fortificación carlista ascendería a 55 millones de euros, según los cálculos que barajan los técnicos municipales. Es una cantidad estratosférica para la envergadura económica del consistorio. Su pago debería negociarse, aunque los representantes de las mercantiles que gestionan el derecho de edificación en la montaña que les ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia ya han demostrado poca flexibilidad en otros precedentes. El gobierno local se enfrenta a un reto mayúsculo que puede condicionar tanto sus finanzas como la sostenibilidad turística del municipio.

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La voluntad real de las empresas que ganaron en 2014 el pleito no es construir los chalés en la montaña. Siempre podrían vender los solares a terceros, pero su prioridad es forzar al ayuntamiento a indemnizarles. Ya lo han demostrado en pleitos anteriores. Esas sociedades mercantiles no desarrollan ninguna actividad constructora desde hace años, según consta en los directorios de empresas, y tratan de conseguir pingües beneficios de la recalificación de los terrenos, que eran edificables desde que las autoridades franquistas concibieron la montaña como un gran solar capaz de alojar a miles de turistas atraídos por el sol mediterráneo. El Plan General de Ordenación Urbana de 1995 cambió la concepción del suelo para detener el avance del cemento hacia las zonas que había logrado salvarse hasta ese momento de la voracidad urbanística. 

Avalados por los tribunales

Cuando el ayuntamiento socialista de entonces introdujo ese giro de guión buena parte de las laderas de la montaña más próximas al Faro ya estaban repletas de construcciones y las empresas que en 2014 ganaron el pleito en los tribunales ya habían fracasado. Estaban en quiebra tras construir los viales que ahora serpetean la montaña. La recalificación les animó a defender el derecho de edificabilidad que les había otorgado el franquismo ante la Justicia, que les ha dado reiteradamente la razón.

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A partir de ese momento, el consistorio ha tenido que tirar de talonario para mantener los espacios de vegetación propios de la montaña. Y los abogados que defienden los intereses de Congemesa, Eidan y Promociones Turísticas Deportivas, SL, ya han dado suficientes muestras de sus preferencias: quieren un justiprecio que les complazca.

El ayuntamiento ya ha pagado 5 millones a las empresas para evitar que construyan

El criterio establecido por el Tribunal Superior de Justicia se basa en el hecho de que los terrenos de la montaña que compraron los promotores durante el franquismo tenían la consideración de suelo urbano y que cualquier modificación del planeamiento que pueda limitar ese derecho consolidado de los propietarios, ya sea para reclasificar el suelo o para disminuir del aprovechamiento reconocido, «debe ser objeto de indemnización por parte del ayuntamiento».

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En base a esa disposición, reiterada en muchos autos y sentencias, el ayuntamiento ha tenido que hacer frente al pago de diversas cantidades a Congemesa cercanas a los cinco millones de euros para expropiar terrenos en la zona del Volcán cercana al Faro que habían sido recalificados como zona verde en el PGOU de 1995. Ahora la disputa se centra en otros solares que, en conjunto, sumarían casi 70.000 metros cuadrados situados en el otro extremo de la montaña, en las próximidades del letrero hollywwodiense del monte.

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