Paralizan el desahucio de decenas de familias en Montserrat
La negociación de la PAH con la Sareb y la comisión judicial sigue abierta: 24 familias podrían quedarse al tener un contrato con una promotora
Otras trece deben acreditar su situación de vulnerabilidad en el juzgado como paso previo a optar un alquiler social
![Amplio despliegue de Policía y Guardia Civil en el desahucio de 54 familias en Montserrat](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/5cc20eb9-347a-4e99-8ba5-06ff7ba09827_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Rubén Sebastián
Las fuerzas de seguridad han habilitado en la mañana de hoy miércoles un amplio despliegue de medios alrededor de cinco bloques de viviendas de la calle Pau de Montserrat, donde estaba previsto el desahucio de decenas de familias. La PAH ha negociado la paralización del desalojo, al tratarse en muchos casos de personas en situación de vulnerabilidad, que al final se ha frenado.
![Amplio despliegue de Policía y Guardia Civil en el desahucio de 54 familias en Montserrat](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/2ba77099-7fa7-4ed3-95b1-a724f8966e0b_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg)
Amplio despliegue de Policía y Guardia Civil en el desahucio de 54 familias en Montserrat /
Alrededor de las nueve, varios miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y otros colectivos antidesahucios se han concentrado en Montserrat con el objetivo de paralizar el desalojo de decenas de familias. Se intenta negociar la paralización de la orden judicial, ya que, según fuentes de la PAH, "hay varias familias vulnerables que quieren regularizar su situación".
!["Hoy no se ha producido ningún desahucio, lo cual ya es un éxito"](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/ead34f4b-e0be-4220-b5be-1bfe7c7b1036_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg)
JM López
Se ha desplegado un fuerte dispositivo policial alrededor de los edificios, que ha acompañado a la comisión judicial. Las 24 familias que tenían un contrato fraudulento tendrán que contactar con la Sareb para justificar su situación de vulnerabilidad, lo que daría pie a la posibilidad de activar la fórmula de aplicar contratos de alquiler social.
Paralelamente, se ha dado un plazo de diez días a trece familias para que vayan al juzgado y presenten documentación que acredite su situación económica. El juez tendrá la última palabra, pero la PAH presionará para que, dada su predisposición a regularizar su situación, la Sareb también les ofrezca un contrato de alquiler social.
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