Alzira acusará ante los tribunales a los negligentes que causen fuegos forestales

El gobierno local se personará en el juzgado contra el okupa que puso en peligro la Murta en enero

El objetivo es reclamar que pague el dispositivo de emergencias y crear conciencia «para preservar un patrimonio que es de todos», destaca el alcalde

Llamas provocadas por la quema negligente en la urbanización Xavegó Alt el 18 de enero.

Llamas provocadas por la quema negligente en la urbanización Xavegó Alt el 18 de enero. / Levante-EMV

El Ayuntamiento de Alzira ha decidido personarse como acusación particular contra el ocupante ilegal de un chalé del Xavegó Alt que decidió incinerar rastrojos a mediados de enero en una jornada en la que estaban prohibidas las quemas. El consistorio reclamará que abone el elevado coste del dispositivo de emergencia que evitó que el incendio se propagara por ese entorno forestal y el paraje natural de la Murta, un valle de gran valor histórico y sentimental para la ciudadanía. A partir de ahora esa será la tónica. Se actuará judicialmente contra aquellas negligencias que pongan en riesgo el patrimonio natural, vidas humanas y bienes. «Esas acciones no pueden quedar impunes», sintetizó ayer el alcalde, Alfons Domínguez.

Un comité técnico y político se encargará de evaluar los incidentes que se registren en el término para valorar su gravedad y decidir si el ayuntamiento da un paso al frente para reclamar daños y perjuicios en los tribunales. Durante el debate se tendrá en cuenta si la negligencia se cometió cerca de una zona urbanizada o de algún paraje natural protegido, si la quema estaba o no autorizada, si el fuego se generó de manera involuntaria o si se incumplía en cada caso la legislación vigente. A mayor abundamiento, el causante del incendio registrado el 18 de enero no era el propietario del chalé. Lo había ocupado sin autorización de sus dueños.

El alcalde espera que la decisión adoptada por el gobierno local ayude a los ciudadanos a medir las consecuencias de sus actos. «El coste del operativo puesto en marcha para impedir el avance del fuego y desalojar algunos chalés de la zona fue muy elevado y alguien tiene que pagar por ello», apuntó ayer. Tuvieron que movilizarse muchos efectivos de la Policía Local, Protección Civil, voluntarios del Vacif, además de los bomberos, brigadas forestales y helicópteros. «Y el objetivo no solo es que el causante pague lo que ha provocado, sino concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de cumplir las normas y mantenerse alerta», zanjó Domínguez.

Riesgo extremo

Las llamas provocadas por la negligencia del okupa en enero pusieron en grave peligro tres áreas residenciales de Alzira y la riqueza botánica y patrimonial de Murta. Los investigadores constataron varios puntos diferentes de quema en la parcela. El acusado prendió fuego a los rastrojos sin autorización ni prudencia alguna y, de ahí, se propagó a la masa forestal circundante. El día en que se produjo el incidente las quemas estaban prohibidas al haber activado la Generalitat la alerta por riesgo extremo ante las fuertes rachas de viento de poniente que los partes meteorológicos anunciaban para ese día. 

Los investigadores comprobaron la existencia de al menos un quemador en esos terrenos abancalados en lo alto de la montaña, aunque no se ajustaba a la normativa. Y corroboraron que se trataba de una quema ilegal realizada a menos de veinte metros de la masa forestal, una franja en la que las reglas reguladoras todavía son más restrictivas. Los técnicos estimaron que la superficie afectada por el incendio era de entre cinco y seis hectáreas. El fuego se quedó a las puertas de algunos chalés, pero no llegó a causar daños en ninguna vivienda. La lluvia registrada esa misma mañana facilitó los trabajos de extinción.

Los vecinos comentaron que en los días previos se estaban realizando trabajos de desbroce en la parcela. Las fuerzas de seguridad identificaron al presunto autor de las quemas y comprobaron que no se trataba del propietario de la casa. El inmueble se encontraba aparentemente en mal estado por la falta de uso y mantenimiento. A partir de ahora el ayuntamiento actuará judicialmente contra los responsables.

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