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La Fiscalía considera que Torró vulnera derechos al no revelar las facturas de la empresa Alto Claro

El PSPV se va al juzgado por no haber logrado los pagos a la mercantil editora de «Sociedad y Política»

La Fiscalía Provincial de Valencia se ha alineado con el concejal socialista Vicent Mascarell y, en un informe conocido ayer, ha solicitado al juez que obligue al alcalde de Gandia, Arturo Torró, a entregarle las facturas pagadas por la empresa Iniciatives Públiques Gandia (IPG) en favor de Alto Claro Sociedad Limitada.

Esa mercantil es la editora de la revista «Sociedad y Política», conocida casi siempre alineada con las tesis del PP de Gandia y, especialmente, del alcalde de la ciudad.

Los socialistas, objeto de duras críticas en esa misma publicación, sospechan que existe un trato de favor de IPG hacia Alto Claro y por eso el pasado 7 de noviembre de 2014 el concejal Mascarell solicitó acceder a las facturas emitidas entre los años 2011 y 2014. Como no pudo satisfacer su petición, presentó una denuncia contra el alcalde de la ciudad, en calidad de presidente de IPG, al que acusa de vulnerar el derecho fundamental de participación en asuntos públicos.

Dice el informe de la Fiscalía de Valencia que IPG es una empresa enteramente pública, cuyo único capital es del ayuntamiento y sus gestores son elegidos por el alcalde de la ciudad, y que por eso «el silencio del alcalde frente a la solicitud de la documentación aludida por parte de uno de los concejales de la corporación debe ser declarado como un acto que atenta al derecho fundamental de participar en los asuntos públicos», y concluye que el concejal Mascarell debe obtener «la información íntegra» que ha solicitado.

Respuesta del alcalde

En una carta remitida al juez e incluida en el proceso judicial, Arturo Torró dijo, respecto a las facturas de Alto Claro del año 2011, que «es cosa juzgada por sentencia de 18 de diciembre de 2013».

Respecto a las facturas de 2012 el alcalde indica que existe un pleito en marcha en otro juzgado, y sobre las de 2013 añade que Vicent Mascarell «tuvo toda una semana para poder revisar las facturas».

Finalmente, y respecto a las facturas de 2014, el alcalde informa al juez que «que las mismas se pondrán a su disposición una vez los auditores hayan terminado su trabajo, pues necesitan todas las facturas para realizar la auditoría de IPG de 2014».

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