02 de marzo de 2018
02.03.2018

Las familias que generen conflictos no tendrán vivienda social en Gandia

El ayuntamiento anuncia una ordenanza para entregar pisos a personas o familias necesitadas para evitar arbitrariedades. De las 200 viviendas municipales, 70 se destinarán al parque social

02.03.2018 | 12:15
Las familias que generen conflictos no tendrán vivienda social en Gandia

El Ayuntamiento de Gandia no concederá o retirará las viviendas sociales que otorgue a particulares o familias en el caso de que, con informe de Servicios Sociales o de la Policía, se acredite que generan conflictos o problemas de convivencia con el resto de vecinos de la finca o de la calle.

Ese es solo uno de los apartados de la ordenanza que el Gobierno local ha presentado para su aprobación en el pleno, que regulará la concesión de pisos sociales a personas vulnerables, en riesgo de exclusión o mujeres víctimas de violencia machista.

Siguiendo el espíritu de la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada por la Generalitat y recurrida al Tribunal Constitucional por el Gobierno de España, esta ordenanza que Gandia pretende aplicar permitirá evitar todo tipo de arbitrariedad a la hora de entregar un piso a quien no tenga otro lugar donde vivir.

Tras la desaparición de la empresa municipal IPG, el Ayuntamiento de Gandia ha acumulado un parque de unas 200 viviendas públicas. De estas, unas 70 se destinarán a familias sin recursos. Todavía no se sabe dónde estarán porque los técnicos y los responsables políticos quieren que el reparto abarque a toda la ciudad con la intención de evitar la concentración de un barrio, lo que podría derivar en guetos.

Los beneficiarios, que deberán acreditar estar empadronados en Gandia desde hace al menos un año, abonarán un alquiler correspondiente al 20% de sus ingresos mensuales, que también tendrán que acreditar.

El concejal de Responsabilidad Social y el coordinador de Urbanismo, Nahuel González y Vicent Mascarell, respectivamente, explicaron ayer que las normas y condiciones que fijará desde ahora el ayuntamiento tienen el objetivo de, por una parte, dar respuesta al problema de las familias que no pueden acceder a una vivienda, ni en el mercado libre ni en las de Protección Pública, pero añadieron que «el derecho a esa vivienda también obliga al cumplimiento de unas obligaciones», como es el hecho de contribuir a no alterar la convivencia.

Gandia es, tras Alicante, la ciudad valenciana con más pisos municipales, y será una baremación técnica la que, a partir de la aprobación de la ordenanza, establecerá la prioridad de acceso a ellas, «garantizando la transparencia y la seguridad jurídica», indicaron González y Mascarell.

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