Un palacio para una capital judicial

Lo sabía muy bien Gabriela Bravo cuando era portavoz del Consejo General del Poder Judicial y venía de visita a Gandia para exigir a la Administración medidas dirigidas a acabar con la precariedad de los juzgados de esta ciudad. Ayer esa misma persona, que es la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat, recorría las obras del espectacular edificio que albergará todas las dependencias judiciales en el que su departamento está invirtiendo 21,7 millones de euros mediante el procedimiento de transferencia de gestión al Ayuntamiento de Gandia.

Se trata de una obra que, además de ser una de las más importantes de la Generalitat en esta comarca, sitúa un hito en Gandia. Una mole singular diseñada para que penetre luz en casi todas sus estancias y que tiene, además, la misión de revitalizar una gran parte de la ciudad, con especial incidencia a los distritos de Santa Anna y República Argentina-Plaça El·líptica.

Según señaló Bravo, la empresa se compromete a terminar la obra en noviembre, y previsiblemente será en las primeras semanas del año 2024 cuando se procederá al traslado de los servicios judiciales. La tarea no es sencilla porque queda la instalación de todo el equipamiento que requiere una infraestructura de ese nivel.

La Generalitat quiso darle a la visita de ayer la importancia que este proyecto tiene para Gandia y para todos los municipios de su partido judicial, que suman unos 150.000 habitantes. Gabriela Bravo estuvo acompañada por el presidente, Ximo Puig, por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Pilar de la Oliva, y por la Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, así como el alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, numerosos concejales y representantes de colectivos relacionados con la judicatura y la abogacía.

El nuevo Palau de Justícia gandiense constituye la primera sede de nueva planta del Plan de Infraestructuras Judiciales de la Comunitat Valenciana. El president Puig recordó que esta obra atiende a la reivindicación de acabar con la dispersión de los órganos judiciales de Gandia y se ha diseñado teniendo en cuenta las necesidades de los operadores jurídicos y de la ciudadanía de la comarca, que dispondrán todos los servicios en un único espacio. En la actualidad tres juzgados y la sede de la Fiscalía de València en Gandia están fuera del vetusto Palau de Justícia de la calle Ciutat de Laval.

Además, esta instalación refuerza el papel de Gandia como capital que no solo mantiene, sino que sigue mejorando los servicios dirigidos a los municipios de su entorno. De hecho, en un momento en que algunas ciudades medias valencianas pierden algunas sedes judiciales, que se centralizan en València, nadie ha planteado que eso mismo ocurra con Gandia, que junto a los juzgados de Primera Instancia e Instrucción dispone de sala de lo Penal y de Violencia contra las Mujeres.

Tras la visita a las obras, que incluyó un amplio recorrido por algunas de sus dependencias, la consellera Bravo ha dicho que el edificio «mira a los profesionales jurídicos, pero también a la ciudadanía, ya que es moderno, funcional, amable y sostenible».

Todo ello, añadió la conselleria, dirigido a que la ciudadanía «sienta que la justicia está más cerca y, por ello, seguimos trabajando en esta nueva cara de la Justicia, más amable y que cuida a las víctimas».

Por su parte, el alcalde de Gandia expresó su satisfacción por esta nueva infraestructura. «Hemos de agradecer a la Generalitat sus inversiones en Gandia», indicó José Manuel Prieto, quien recordó que «en estos momentos hay 90 millones de euros en inversiones, entre las que destaca el edificio que acabamos de visitar que nos va a permitir transformar la trama urbana, que prestará su servicio en condiciones óptimas y ayudará a la generación de oportunidades en la zona».

Los arquitectos y responsables de la empresa que se adjudicó esta obra destacaron no solo sus excelencias, sino también el hecho de que, a diferencia de lo ocurrido con otros proyectos, no se han detenido las obras ni un solo momento pese al incremento del valor de los materiales y otros problemas derivados de la crisis generada por la guerra en Ucrania.

El edificio cuenta con seis plantas y una superficie de 16.500 metros cuadrados y albergará 11 órganos judiciales en unas instalaciones funcionales, accesibles, sostenibles desde el punto de vista medioambiental y energéticamente eficientes. El riesgo de inundabilidad generado por el barranco de Beniopa, que discurre justo al lado, ha impedido habilitar dependencias en el sótano, reservado exclusivamente a párking de vehículos.

Además, integrará todos los servicios de atención a las víctimas como el Gabinete Psicosocial con la cámara Gesell, la Clínica Médico Forense y la Unidad de Valoración Forense Integral, junto con la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito. En suma, los nuevos juzgados contarán con una plantilla de 150 personas y recibirán, de media, unos 300 usuarios y usuarias diarios.