Así puede frenar la ocupación de viviendas un ayuntamiento

No ha hecho falta contar con empresas cuyos métodos son dudosos, solamente mucho trabajo administrativo, llamadas telefónicas a donde ha sido necesario, horas y horas de gestiones y también determinación. El Ayuntamiento de Xeresa acaba de dar un ejemplo de cómo se puede poner coto al problema de la ocupación de viviendas vacías utilizando las escasas herramientas legales con las que cuenta una administración local para ello.

Lo que ha hecho el Gobierno local, con su alcaldesa, Anabel Peiró, al frente, ha sido iniciar un procedimiento forzoso para obligar a la Sareb (banco malo) a tomar una serie de medidas que eviten que se puedan ocupar los pisos que son de su propiedad ubicados en un edificio del casco urbano. Se trata de un inmueble en el que la entidad cuenta con 14 viviendas, de las cuales cuatro están ya ocupadas por personas que no son propietarias.

Ante el temor de que esta práctica se extendiera, el Gobierno local, a petición de los vecinos que denuncian problemas de convivencia, quiso tomar cartas en el asunto y, tras estudiar las pocas posibilidades que tenía en su mano para poder actuar de forma rápida y amparado en un informe de los servicios jurídicos municipales, optó por esta opción.

Así, el consistorio reclamaba a la Sareb la instalación de alarma en las diez viviendas, el bloqueo de las ventanas y la colocación de puertas antiocupación para evitar la llamada «patada en la puerta», método que se utiliza habitualmente para la entrada ilegal en las viviendas.

El procedimiento de ejecución consistía en que, si en el periodo fijado por el ayuntamiento no se cumplía con esas exigencias, las llevaría a cabo el propio consistorio para, posteriormente, girar las facturas a la sociedad. «La entidad sabe que le saldría más caro si lo hacemos nosotros y después les obligamos a pagarlo», explicaba Peiró a este periódico.

Por ello, la operación ha sido un éxito. Si bien no puede legalmente obligar a los ocupantes que dejen las viviendas a las que ya han accedido, sí que ha logrado, al menos, frenar que se extienda, ya que la entidad no solo ha cumplido con las exigencias del consistorio, sino que lo ha hecho incluso antes de que venciera el plazo de que se le había dado.

Peiró explica que estas medidas aumentan la seguridad de las viviendas en caso de que se intente acceder igualmente, ya que la alarma saltaría y permitiría a la policía acudir de forma rápida, frenando por tanto el intento de ocupación.

El Ayuntamiento de Xeresa ha respondido con esta medida a la preocupación que mostraban los vecinos de este edificio. Ahora mismo, estos propietarios conviven con los habitantes de las cuatro pisos que han sido ocupados, que, como explica la propia Peiró, generan problemas de convivencia y, además, «hacen uso de los espacios comunes, desentendiéndose de abonar los gastos», indicaba. Estos casos se están llevando a cabo por la vía judicial.

«No es fácil que te escuchen»

Anabel Peiró reconoce que el proceso ha sido duro, porque «no es nada fácil que la Sareb te escuche y te haga caso». Explica que «he pasado tres meses haciendo llamadas», con el objetivo de desenmarañar la complicada estructura de esta entidad hasta dar con alguien que le pudiera acercar a los gestores de estas viviendas en concreto para enviarles la notificación.

«Ha sido una medida de presión que contaba con un informe de los servicios jurídicos municipales con la que se han visto encorsetados porque lo tenían que hacer sí o sí, o ellos directamente o nosotros», indicaba.

La alcaldesa se ha mostrado dispuesta a explicar el proceso a cualquier otra administración que sufra el mismo problema.