La caída de la demanda obliga a Gandia a repensar su modelo de «escoletes»

Racionalizar recursos. Esa es la razón final por la que el Ayuntamiento de Gandia se está planteando, de cara al curso 2024-2025 (a partir de septiembre), reducir de siete a cinco el número de «escoletes» públicas municipales con las que cuenta la ciudad. Así lo han confirmado este martes tanto la concejala de Educación, Esther Sapena, como el portavoz socialista en el consistorio, Adrián Vila, en una rueda de prensa.

Ambos se vieron obligados a salir a explicar la medida después de que la concejala del PP, Mar Beltrán, la destapara unos minutos antes, explicando que se había tratado en la comisión de Economía y Hacienda, criticando la medida y señalando que la decisión estaba motivada por cuestiones económicas.

La propuesta, que según aclaraban los dos ediles del Ejecutivo local está en estudio y se basa en un informe, pasa por que las actuales «escoletes» del Raval y Alquerietes, ubicada en el Grau, dejen de prestar ese servicio y los locales se puedan utilizar para los cursos de la UPG, que cuenta con una larga lista de espera.

El alumnado sería reubicado a otros centros que, según ha aclarado Sapena, «no estarán a más de 700 metros de los actuales», lo mismo que las educadoras.

Detrás de esta medida se encuentran eminentemente la reducción de la natalidad y la apuesta de la Conselleria de Educación durante los años del Botànic en la Generalitat por la implantación de aulas de dos años en algunos centros públicos de Gandia. Esto ha provocado un importante descenso de la demanda, haciendo que queden lejos los años en los que las «escoletes» incluso tenían lista de espera.

La red municipal de centros infantiles cuenta con una oferta de 516 plazas, de las que en los últimos años se han cubierto «menos de 400», según las palabras de Sapena. En el centro ubicado en el Grau hay matriculados este curso un total de 21 niños y niñas del total de 82 plazas que ofrece, lo que significa una ocupación de menos del 30%, mientras que en el Raval hay 45, cuando pueden llegar a caber hasta 80. En este centro, además, hay un solo alumno en el aula de 0-1 años, que cuenta con una educadora solo para él. Esto mientras existen un total de cinco aulas cerradas en distintos centros de la ciudad.

"Reestructuración" de la red

Con este panorama, el plan del Ejecutivo local pasa por llevar a cabo una «reestructuración» de la red de centros públicos de infantil. Los dos ediles han querido aclarar que detrás de la propuesta no hay una motivación económica, ya que no supondrá un ahorro, puesto que el número de trabajadoras seguirá siendo el mismo. Se trata de hacer un uso más eficiente de los recursos municipales.

Eso pasa por destinar los dos edificios que dejarían de ser «escoleta» para, por ejemplo, ampliar la oferta de la UPG, que cuenta con una lista de espera de más de 200 personas este año. A su vez, permitiría abrir las aulas que ahora mismo están inactivas por falta de alumnado para reubicar a los que lleguen del Raval y el Grau.

La concejala del PP, Mar Beltrán, por su parte, hablaba de una propuesta «aprobada». Insistió en varias ocasiones en que los criterios monetarios no deben priorizarse a la hora de tomar ese tipo de decisiones, sino que se debe superponer la calidad educativa. «Es una medida absolutamente contraproducente y redundará en un aumento de la ratio en una edad especialmente sensible, en la que de ninguna manera deben masificarse las aulas», señalaba.

Esther Sapena desmentía que vaya a haber más alumnos y alumnas en las aulas y recordaba que las ratios están marcadas por la conselleria y que si se pueden trasladar niños y niñas es porque hay aulas cerradas que se abrirán para prestar el servicio.