«No hay mes que no vengan a pedirme que me vaya; están quitando la vida a la gente»

Han pasado ya quince años desde que estallara una crisis económica mundial sin precedentes. Uno de los principales culpables de aquel episodio fue que saltó por los aires el mercado inmobiliario y toda la enorme burbuja que durante el lustro anterior había llevado a cientos de personas al éxtasis. A muchos les fue bien y actualmente siguen disfrutando de su vivienda y vida digna pero hay un buen número que aún hoy saborean la amargura de perderlo todo. Las administraciones no han sido incapaces de poner coto a un problema que cada vez es más grave.

Un ejemplo es el de María José Mahiques, a quien todos conocen como Marisol. Vive en la playa de Daimús, en un espacio al que no se atreve ni a llamar «piso» porque «está muy viejo», y apenas tiene 60 metros cuadrados, cuenta por teléfono a Levante-EMV. Desde hace años sufre lo que califica de «acoso» por parte de un fondo buitre que adquirió su piso después de que ella dejara de pagar al banco tras perder a su marido por cáncer y quedarse sola, con menos de 500 euros de pensión y tres hijas.

"He pasado frío y hambre"

«He pasado mucho frío, porque no puedo ni pagar el butano, y mucha hambre». Recurrió al banco para pedir un alquiler social pero la entidad se negó en redondo. «No hay mes que no llame alguien a mi puerta para decirme que me tengo que ir». «Cada vez que suena el teléfono o el timbre me pongo a temblar. No me deja ni comer ni dormir». Debido a ello está en tratamiento sicológico.

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Tras la venta de su piso empezó a recibir visitas «de personas que venían con traje y una carpeta debajo del brazo», que la invitan a irse. «Un día escuché un ruido, abrí la puerta y vi a dos personas bien vestidas y otra con un mono azul, que decía ser el cerrajero, cambiando ya la cerradura y asegurando que venían del juzgado», cuenta. Ese día tenía a su hija con una fiebre altísima en casa por covid. Además, cuida de su madre, ya muy mayor, a quien «tengo miedo dejar sola». Marisol teme «salir a la calle por si vuelvo y me han cambiado la cerradura».

Deja claro que «no quiero ser una okupa» y que está dispuesta a pagar un alquiler social. «He pedido un pacto al banco, pero se niega, solo me dice que me tengo que marchar». «Este edificio está muy viejo, se está cayendo a pedazos, pero al menos tengo un techo y puedo cocinar un plato de arroz», señala desesperada. «Mi pensión es una basura, yo no puedo pagarme un alquiler en ningún lugar del mundo», señala. «Están quitando la vida a la gente», apostilla.

Denuncias cruzadas

Tayed Zaidi Saidi tiene el próximo 4 de marzo tiene una doble cita en los juzgados. Por una parte, él denunció por amenazas a una persona que adquirió el piso en el que viven él y su mujer a un fondo buitre. Este, después de meses reclamándole que abandonara la vivienda, según el afectado incluso con amenazas que le llevaron a denunciarle, acabó vendiéndolo a otra persona, quien, a su vez, le ha denunciado a él al considerarlo okupa.

Tayed no está considerado como tal por la justicia, ya que tiene en su poder una orden judicial que le otorga una moratoria para poder habitar la vivienda que fue de su propiedad hasta el año 2031.

Cuenta que trabajaba de albañil y por eso adquirió el piso en Gandia en 2005. Pero se fracturó el brazo en un accidente y acabó perdiendo el empleo, por lo que ya no pudo asumir los 610 euros de la hipoteca. «Hablé con el banco y le propuse o un alquiler social o la dación en pago». La entidad se negó y lo siguiente fue poco después una persona apareció en su casa aporreando la puerta y diciendo que la había comprado. «Al principio me hablaba con respeto e incluso yo me ofrecí a ayudarle para que denunciara a la financiera que se la había vendido por estafa», cuenta. Pero después subió su tono «con amenazas y diciéndome que si no me iba por las buenas lo haría por la fuerza». Por eso le denunció. Tras esto, este propietario vendió la vivienda a otro.

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A Susanna Abrahamyan empezaron hace un año aproximadamente a pedirle que se marchara, pese a que tiene moratoria hasta mayo de este año. Una complicada situación personal la llevó a quedarse sin ingresos y dejó de pagar la hipoteca del piso que adquirió en Xeraco en 2006. «En Navidad del 2022 me llamaron por primera vez diciéndome que me tenía que marchar», cuenta, «me entró mucho agobio porque tenía que ir a ver a mi madre que estaba enferma y tenía miedo de que cuando volviera ya no poder entrar». Ha recibido la visita de un mediador en su casa al que «le dije que no me iba a ir». En estos momentos recibe el ingreso mínimo vital y un pequeño ingreso por trabajar algunas horas de camarera. Dice que, tanto ella como sus hijos, uno de ellos menor, «solo queremos un techo». Todos ellos cuentan con la ayuda de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), que sigue bregando 13 años después por el derecho a la vivienda, y del incansable Joan Cogollos.

T.Á.C. Gandia