Gandia asegurará el cobro a propietarios que saquen al alquiler las viviendas vacías

El ayuntamiento trabaja en un plan pionero para abonar un seguro que dé garantías jurídicas a los dueños que temen no cobrar o sufrir la ‘okupación’

Algunos estudios indican que en la ciudad existen al menos cinco mil pisos que están cerrados

El seguro vendría a costar entre 150 y 300 euros por cada vivienda y el ayuntamiento valora poner unos 150.000 euros

Grandes edificios de viviendas en la plaza de Joaquim Ballester de Gandia

Grandes edificios de viviendas en la plaza de Joaquim Ballester de Gandia / Levante-EMV

Sergi Sapena

El Ayuntamiento de Gandia está trabajando en la articulación de un plan que permita sacar al mercado de alquiler la enorme cantidad de viviendas vacías que existe en la ciudad, al menos cinco mil según algunos cálculos, algo que contribuiría a paliar el problema de la baja oferta existente que contribuye a elevar los precios, situados en niveles inasumibles para muchas familias.

Promotores, constructores y empresas dedicadas al mercado de venta y alquiler han apuntado reiteradamente que una de las causas de que buena parte de esas casas vacías sigan cerradas es la «inseguridad jurídica» expresada por sus propietarios. 

Eso se traduce en el temor a que el eventual inquilino no disponga de recursos económicos suficientes y llegue al punto de no poder abonar las mensualidades, e incluso que se produzca el fenómeno de ‘okupación’ de la vivienda, obligando al propietario a tener que contratar abogados para actuar por vía judicial para recuperar su vivienda.

Si bien esos casos son muy pocos, entre los propietarios se extiende la sensación de inseguridad, y es entonces cuando, pese a poder ganar algo de dinero con el alquiler, optan por mantener cerradas sus viviendas.

No es fácil para la Administración actuar para cambiar el rumbo de esas situaciones y lograr que los dueños pongan sus pisos en el mercado de alquiler. Pero el Ayuntamiento de Gandia, tras muchas consultas con expertos y agentes inmobiliarios, lo va a intentar.

El concejal Salvador Gregori explica a este periódico que el mecanismo, todavía en fase de articulación, sería la contratación, a cargo del ayuntamiento, de una póliza de seguros que ofreciese garantías jurídicas a los propietarios de determinados pisos, fundamentalmente que el precio de alquiler esté en los límites de lo asequible para la mayoría de familias. Ese seguro cubriría el abono de las mensualidades, en el caso de que el inquilino deje de pagar, hasta el momento en que haya abandonado la vivienda. Y, además, si se han producido desperfectos en la misma también se podría cubrir la reparación, independientemente de que, con posterioridad, la compañía aseguradora denuncie a los actores para intentar cobrarles el alquiler impagado o los daños causados al inmueble. El propietario, por lo tanto, tendría garantizado su piso y los ingresos mensuales estipulados sin coste alguno para su bolsillo.

El concejal Gregori indica que el seguro vendría a costarle al ayuntamiento entre 150 y 300 euros por vivienda, dependiendo del valor del alquiler, de manera que, en la horquilla más baja, asegurar a mil propietarios vendría a suponerle 150.000 euros, una cifra sin duda importante pero con un efecto social innegable que se traduce en mil familias viviendo en pisos que ahora están cerrados.

Para apreciar la envergadura de esa actuación, las agencias inmobiliarias señalan que en este momento existen no más de cincuenta viviendas en oferta de alquiler para uso residencial en los portales de internet frente a más de mil demandantes que esperan registrados en la Oficina de l’Habitatge de Gandia que gestionan el ayuntamiento y la Generalitat.

Una emergencia nacional

El Ayuntamiento de Gandia aclara que este proceso está en fase de estudio y de los informes técnicos que permitan ponerlo en marcha, pero añade que la intención es activarlo si es posible. Esta medida, pionera entre las ciudades valencianas, ya se citó en el plan para activar el mercado de alquiler de Gandia anunciado hace apenas dos semanas por el alcalde, José Manuel Prieto, y los concejales Vicent Mascarell y Salvador Gregori.

La vivienda, y más concretamente los elevados precios de alquiler, constituye un problema en buena parte de las ciudades españolas, hasta el punto de convertirse en una emergencia nacional. Cataluña y Euskadi ya han anunciado que aplicarán la Ley de Vivienda que fue aprobada por el Congreso de los Diputados, vigente para toda España, y pondrán tope a los precios.