El jurado declara culpables a los tres ‘Bocanegra’ por los asesinatos del cementerio de Torrent

El jurado declara probada la participación en el doble crimen tanto del hijo que efectuó los disparos, como de su madre por llevar el arma y entregársela, y el padre por esgrimirla antes de que se le cayera 

Culpables de asesinato los tres miembros del clan Bocanegra por el tiroteo del cementerio de Torrent

Ignacio Cabanes

El jurado ha dictado su veredicto y no deja mucho margen a interpretaciones. Los tres miembros del clan de los ‘Bocanegra’, un matrimonio y su hijo, han sido declarados culpables de dos delitos de asesinato consumado y un tercero en grado de tentativa por matar a tiros a Antón García, de 45 años, y José Luis Puig, de 79, en el cementerio de Torrent, en un camposanto abarrotado de gente debido a la festividad de Todos los Santos, en noviembre de 2021.

Los miembros del tribunal popular han declarado culpables por unanimidad a los tres acusados en los aspectos fundamentales del objeto de veredicto. Los consideran coautores de ambos crímenes, a Ramón G. F., alias el 'Bobo' como la persona que efectuó los disparos, y a su madre como la que llevó el arma al lugar y se la entregó al autor material de los tiros. Ambos culpables por unanimidad. En el caso del padre solo uno de los jurados ha tenido dudas sobre su participación, aunque también lo declaran culpable de los dos asesinatos porque "tuvo el arma en su poder y no impidió lo que sucedió después".

Esa mañana del 1 de noviembre los tres acusados estuvieron en el citado cementerio, hecho que negaron en el juicio, y que acreditan tantos las declaraciones de tres testigos presenciales, familiares de uno de los fallecidos, como el ADN de la acusada hallado en un reguero de sangre. Allí coincidieron con miembros de la familia de Antón, con cuyos primos habían tenido un enfrentamiento a tiros años atrás que se zanjó sin condena alguna.

Los acusados se dirigieron a la otra familia "chillándoles y profiriendo expresiones en tono amenazante e intimidatorio con la intención de que se marcharan del lugar, llegando incluso a golpearles con sillas y palos, iniciándose entre todos un altercado verbal y físico".

Así, el jurado declara probado que Amparo F., de 61 años, portaba oculta en el delantal un arma de fuego del calibre 9 milímetros corto, “con intención de utilizarla en caso de que fuese necesario”. Y que todo ello era conocido por los otros dos acusados.

En un momento del altercado, Amparo sacó el arma y se la entregó a su marido para que hiciera uso de ella y disparara contra los miembros de la otra familia.

También consideran acreditado que Ramón G. M., de 64 años, cogió el arma con la intención de acabar con la vida de los miembros de la otra familia, si bien, al tratar de disparar se le cayó al suelo y no llegó a efectuar disparo alguno.

La acusada recogió el arma del suelo y se la entregó a su hijo, con la finalidad de que fuera él quien la utilizase. Así, cuando Ramón G. F., alias el ‘Bobo’ tuvo la pistola en su poder, “con ánimo de acabar con la vida de los miembros de la otra familia, comenzó a efectuar disparos hacia ellos, que se encontraban desarmados y sin posibilidad alguna de protegerse”, lo que prueba la alevosía y eleva de homicidio a asesinato.

Dos muertos y un herido

Fruto de los disparos Antón García, de 45 años, falleció al ser alcanzado en el corazón. Mientras que su hijo Pedro resultó herido en la pierna. Además, a los acusados no les importó lo más mínimo que hubiera otras personas cerca, con el riesgo que ello suponía, siendo alcanzado por una bala José Luis Puig, que se encontraba visitando la tumba de su esposa y que nada tenía que ver con el altercado entre las dos familias. Este vecino de 79 años también falleció por una hemorragia interna ya que el proyectil le produjo rotura de la aorta abdominal.

También ha quedado probado que ninguno de los acusados poseía licencia de armas, delito de tenencia ilícita que también se les atribuye.

El Ministerio Fiscal solicita para el presunto autor material de los disparos 51 años y medio de prisión, concretamente 19 años de cárcel por cada uno de los dos delitos de asesinato consumado, doce por la tentativa y un año y medio por la tenencia ilícita. Misma pena que solicitan las acusaciones particulares, ejercidas por los letrados Isabel Mollá, abogada de la familia de Antón García, y Carles Gil, que representa a los familiares de José Luis Puig.

Respecto de los otros dos acusados, en el caso de la madre las penas solicitadas por las acusaciones ascienden a los 45 años y medio de cárcel también como coautora de los asesinatos. Mientras que para el padre piden finalmente 31 años y medio de prisión también como coautor pero teniendo en cuenta su menor grado de participación en la ejecución de los disparos.