Desde que a Joan Calabuig, candidato a la alcaldía de Valencia por el PSPV, se le ocurrió reabrir la caja de los truenos con una propuesta de pacto sobre la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar derribando parte del barrio del Cabanyal, las reprimendas de sus compañeros no han cesado, tanto en público como en privado. Aunque nadie se refiere personalmente a Calabuig en sus declaraciones, muchos militantes y cargos públicos de su partido siguen la línea de oposición radical al plan del PP y que el candidato a la alcaldía modificó, con el visto bueno del secretario general del PSPV, Jorge Alarte, el pasado 28 de noviembre.
Así, ayer fue el eurodiputado socialista Andrés Perelló el que, siguiendo la estrategia marcada hasta hace un mes por su partido y en la que ha invertido miles de euros, horas de esfuerzo, 300.000 dípticos y 3.000 carteles, volvió a dejar en evidencia que el viraje de Calabuig no es refrendado por todo el partido. De hecho, instó a la Comisión Europea a "dejar clara" su postura sobre el barrio como ya han hecho otras instituciones tales como el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Cultura o el Tribunal Constitucional. Y esa opinión no es otra que la oposición a que se derribe una sola vivienda del Cabanyal y se apueste por la rehabilitación, opción defendida por la actual portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch. En ningún momento una prolongación consensuada con los vecinos como defiende el candidato a la alcaldía y que supondría derribos.
Perelló aseguró a Levante-EMV que no se ha movido un ápice de la postura que lleva defendiendo en el Parlamento Europeo sobre el barrio marinero. "Son las mismas preguntas que planteé hace cerca de dos meses y que los eurodiputados del PP evitaron", asegura. El problema es que hace 60 días el partido en Valencia se oponía frontalmente a tocar una sola vivienda de barrio, llegando a enfrentarse a las excavadoras, y ahora estaría dispuesto a valorar ese avance de las máquinas si así lo quieren los vecinos.
Pese a la evidente contradicción, fuentes del entorno de Calabuig aseguraron que el propio candidato a la alcaldía validó la nota de prensa con la que Perelló anunciaba su requerimiento a la Comisión Europea. De hecho no veían diferencias entre los dos planteamientos, pese a que ni el Ministerio de Cultura, ni el Tribunal Constitucional, ni mucho menos el Defensor del Pueblo hablaron de consenso, si no directamente de que el derribo de una vivienda es considerado como "expolio", y por lo tanto ilegal.
En ese sentido, Perelló recordó que el proyecto propuesto por el PP en la avenida Blasco Ibáñez supone "la destrucción del Cabanyal". Además, el eurodiputado socialista resaltó "la singularidad del barrio" y denunció "el escenario de expolio del patrimonio" que supone.
Perelló pide la colaboración por parte de la institución europea, así como "evitar que se pueda plantear una aberración como ésta". Al respecto, sentenció que "una cosa es modernizar y progresar y otra hacer desarrollismo salvaje sin escuchar a nadie". Fue el único momento en que se refirió al diálogo con los ciudadanos.
Para Perelló, resulta "escandaloso, tanto la atrocidad, como la actitud irrespetuosa" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barbera, "quienes siguen constituyendo un mal ejemplo a la ciudadanía".
A todas estas consideraciones también afirmó que preguntará a la Comisión Europea "si tiene previsto llevar a cabo algún tipo de acción, en orden de atender las peticiones vecinales, respetar lo establecido por el Tribunal Constitucional y por Cultura, y, sobre todo, preservar el Patrimonio Cultural e Histórico de esa parte del sur de Europa".
