El Ayuntamiento de València ha admitido que los dos policías locales que acudieron a la inspección del Marina Beach Club el pasado mes de agosto se mostraron contrarios al cierre del local y que la clausura del mismo fue una decisión de sus mandos más directos, aunque precisan que sólo se cerró una parte del recinto que funcionaba como zona de copas y que la decisión no se tomó a sabiendas de que era ilegal, sino «a sabiendas de actuar conforme a derecho».
Según el ayuntamiento, en aquella intervención únicamente se cerró una terraza que «se utilizaba para el consumo de copas», una actividad prohibida por la resolución del 17 de agosto de 2020 de la Conselleria de Sanitat, quedando abierta la zona de café-cantante.
Afirma, así mismo, que la decisión de los mandos policiales «fue confirmada posteriormente por la conselleria competente en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos». Y aunque admiten que los agentes «trasladaron su opinión de que el cierre no debía producirse», se impuso el «principio de jerarquía» y se aplicó la valoración de los mandos, que se adoptó «a sabiendas de actuar conforme a derecho».
