El Tribunal de Cuentas investiga un contrato a dedo del ayuntamiento de València

El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para investigar un contrato a dedo que otorgó la concejalía de Servicios Sociales en 2017, en tiempos de la regidora Consol Castillo, para la prestación del servicio de comedor de los centros ocupacionales municipales. Esta adjudicación ya fue motivo de investigación por parte de la Agencia Antifraude que concluyó que la citada contratación se había efectuado de manera irregular y recomendó una serie de actuaciones al ayuntamiento, que amparándose en un informe del secretario no tuvo en cuenta pues para el gobierno municipal esta decisión se tomó por una cuestión de emergencia social, para mejorar la calidad del servicio que se prestaba a los usuarios de estos centros, y no por el ánimo de incurrir en un fraude o en un acto de corrupción. No en vano,lLa base jurídica de la respuesta municipal a Antifraude justificaba que se optó por “no prorrogar el contrato, encomendar el servicio a otra empresa más solvente y asegurar, de esta forma, la prestación de un servicio de calidad para las personas usuarias.”

Con todo, la resolución de la Agencia Antifraude determinó que este contrato adjudicado a Novaterra Catering había tenido un sobrecoste, un perjuicio económico, de 91.900 euros para las arcas municipales y además exigió al consistorio presidido por Joan Ribó que cuantificase los perjuicios totales de esta adjudicación y que investigase quienes fueron los responsables de esta decisión, para depurar responsabilidades.

Pues bien ahora este asunto vuelve a plantearse ante el Tribunal de Cuentas, con sede en Madrid, a partir de la denuncia de un particular, según indican fuentes municipales. El alto tribunal de los delitos económico-financieros ha procedido a abrir una causa para lo que nombrará un juez instructor, y asimismo, le ha dado un plazo de 5 días al ayuntamiento para que presente sus alegaciones.

Entre otras cuestiones, el consistorio argumenta "que en ningún caso ha habido un “abuso del enriquecimiento injusto” dado que el precio establecido con Novaterra Catering, SL, si tenemos en cuenta que el producto servido estaba elaborado en el marco de un programa de inserción socio-laboral, fue incluso más bajo que el precio de mercado".

Fuentes de la concejalía de Servicios Sociales señalan que a pesar de que el encargo directo a Novaterra Catering SL "no fue conforme a derecho", se tienen que tener en cuenta una serie de circunstancias. La principal razón que explica que se rescindiera el contrato anterior y que se otorgase uno nuevo fue que el servicio prestado por la anterior concesionaria "era muy malo, siendo continuas las quejas tanto por parte de las personas usuarias de los centros ocupacionales municipales, como de sus familias y los profesionales que trabajaban en ellos". De hecho, el precio del menú que había heredado la entonces concejala de Servicios Sociales del gobierno de Rita Barberá era de solo 3,70 euros, lo que obligó también a incrementarlo.

Las mismas fuentes de Servicios Sociales recuerdan que aunque se le insistió a la empresa para que enmendara las deficiencias, que motivaron las quejas por la mala calidad de los menús, no solo no hubo mejoría sino que incluso se agravaron.

Por ende, una vez finalizado el contrato, la anterior concesionaria manifestó verbalmente no querer prorrogarlo. Además, el servicio de comedor finalizó el día 31 de mayo de 2017 y volvía a empezar el 1 de octubre de 2017. "Así, como no había tiempo suficiente para licitar el servicio, -añaden las fuentes consultadas- y teniendo en cuenta que el servicio de comedor era un servicio esencial que no se podía dejar de prestar, dado que en los COM se atienden a personas muy vulnerables (también a nivel de salud), se decidió hacer el encargo directo a Novaterra Catering SL", relatan las mismas fuentes,

Se eligió a Novaterra Catering teniendo en cuenta que es una fundación, de impacto social, que desde hace muchos años desarrolla programas de inserción socio-laboral de colectivos en situación de exclusión social (mujeres víctimas de violencia de género, paradas de larga duración, personas con discapacidad, etc.). Al mismo tiempo, esta firma "ofrecía unos menús de calidad, equilibrados y utilizando productos de proximidad".

Por otro lado, los responsables de Servicios Sociales apuntan que el retraso del nuevo contrato fue consecuencia de varias circunstancias: la carencia de personal en el Servicio de Bienestar Social e Integración, y la entrada en vigor de la nueva ley de contratos (Ley 9/2017, de 8 de noviembre), que motivó, entre otros, la modificación y adaptación de los pliegos ya adaptados a la nueva normativa.

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