El limbo jurídico de la Marina provoca un cisma entre las concesionarias

El fin próximo de las concesiones de los restaurantes de la Marina de València, incluido el icónico Veles e Vents, y la situación de provisionalidad del Consorcio València 2007 preocupa a los hosteleros de este estratégico enclave del frente marítimo. La incertidumbre sobre el futuro órgano de gestión de la Marina ha dividido a la Asociación de Empresarios de la Marina y provocado la salida de varios asociados que han creado una nueva entidad, denominada Marina Premium Valencia, que reivindica pasar a depender de la Autoridad Portuaria de Valencia. Se quejan de la inseguridad jurídica generada a raíz de la liquidación del Consorcio Valencia 2007, del que han dependido hasta ahora.

La reunión prevista esta semana entre los representantes de la nueva asociación y los responsables del Consorcio ha servido para abrir una vía de diálogo pero no para dar respuesta a las concesiones de los hosteleros, que reclaman la renovación sin pasar por un nuevo concurso público. El Ayuntamiento de València tiene previsto volver a sacar a concesión por concurso los restaurantes y el edificio del Veles e Vents, cuya concesión está ya prorrogada.

La Asociación de Empresarios de la Marina de València, que aglutina a 22 empresas de restauración, náutica y ocio, se opone a pasar a depender del Puerto de Valencia. El propio Consorcio recuerda que la mayoría de restaurantes están en suelo patrimonial del Ayuntamiento de València y son concesiones que dependen de la ciudad, no del puerto.

La asociación mayoritaria se ha desmarcado así de las pretensiones de la nueva entidad, de la que forman parte una decena de locales, entre ellos, los cuatro restaurantes de la cubierta del aparcamiento del Veles e Vents y dos quioscos. Las dudas sobre el futuro de la Marina han llevado a algunos empresarios a inscribirse en las dos asociaciones, como es el caso de una del Grupo Porto Pinell, que gestiona el Veles e Vents en UTE con La Sucursal, cuyo dueño, Javier Andrés, preside la Asociación de Empresarios de la Marina.

El secretario de esta asociación, Salvador Bono, asegura que pedir la tutela del Puerto de València es «una barbaridad». La Marina de València «tiene que ser para los valencianos». «Queremos que se tenga en cuenta a los empresarios que estamos aquí desde que esto era un erial», añaden. Reconocen la incertidumbre que se ha generado tras la condonación de la deuda por el reparto de los espacios de la Marina, que enfrenta al alcalde, Joan Ribó, y al presidente de la Autoridad Portuaria de València, Aurelio Martínez. Este último advierte de que los suelos cedidos para el proyecto del Balcón al Mar y posteriormente para la celebración de la Copa del América deben revertir al puerto si el ayuntamiento pretende explotarlos con fines lucrativos que se alejen del «interés general» para el que fueron cedidos.

El portavoz de la asociación mayoritaria asegura que « también estamos presionando para que se busque una solución para la gestión de la Marina ». «Los empresarios necesitamos certidumbres», asegura el representante de la asociación, que niega que exista una situación grave de inseguridad jurídica en la Marina.

Rechazan la idea de pasar a depender de la tutela del puerto pero insisten en la necesidad de crear «un órgano de gestión único que resuelva el lío administrativo actual con la titularidad del suelo». Hay concesiones que están en suelo patrimonial y dependen de la ciudad y otras que son dominio portuario que están pasando a depender de la APV.

La nueva asociación reclama una ampliación de horarios de cierre hasta las 3 de la madrugada (ahora deben cerrar a la 1.30 horas). Conciliar todos los usos de la marina «es complejo», recuerdan en la otra asociación, que defiende también los intereses de las empresas náuticas, que no quieren alargar los horarios de cierre ni que la Marina se convierta en una zona de pubs.

Otra de las reclamaciones de la nueva asociación, cuyos representantes insisten en que «con el Consorcio en liquidación no avanzamos», es la ampliación de la duración de las concesiones, algunas de las cuales caducarán antes del próximo verano y otras a lo largo del año en compensación por los meses de confinamiento y las posteriores restricciones de horarios y espacio por la pandemia del coronavirus.

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