València avanza hacia la zona de bajas emisiones

Lento pero seguro. El Ayuntamiento de València, gobernado por Compromís y PSPV, avanza hacia la implantación de la zona de restricción a los vehículos contaminantes, la denominada Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que la Ley de Transición Ecológica obliga a tener en 2023 a las ciudades de más de 50.000 habitantes. La junta de gobierno acaba de aprobar la adjudicación a la unión temporal de empresas formada por Applus Norcontrol y Gecival por medio millón de euros el contrato del Servicio de Ingeniería y Dirección Facultativa y de Consultoría para la instalación de la ZBE. La citada UTE será la responsable de dirigir y supervisar la implantación de las cámaras de la futura zona libre de coches contaminantes de València. La adjudicataria tiene ahora dos años para ejecutar el contrato.

Una de las prestaciones importantes del contrato es la redacción del Estudio de Detalle de Emplazamientos donde se defina con la precisión adecuada la ubicación de las cámaras.

El ayuntamiento impulsa la ZBE en València con fondos Next Generation. El año pasado se adjudicó el contrato de suministro de las cámaras de vigilancia que se instalarán en la ciudad para garantizar, a través del control de las matriculas y etiquetas, el cumplimiento de la normativa ambiental que a futuro desterrará de las ciudades los vehículos que funcionan con combustibles fósiles. La UTE Eysa Aluvisa-ZBE Valencia se adjudicó por 10,8 millones de euros el contrato. El sistema constará de 274 cámaras de lectura automática de matrículas distribuidas en 93 puntos de la ciudad, 52 sensores de medición ambiental, 44 paneles de información y una aplicación para monitorizar y controlar la calidad del aire. Además, contempla una campaña dirigida a la ciudadanía para dar a conocer el proyecto.

"Es un proceso largo pero el objetivo es que la ZBE se apruebe a lo largo de este año"

La demora en la implantación de las ZBE en las 149 ciudades españolas que tendrán que aplicarla en toda España se debe en gran medida a los problemas jurídicos que han surgido en ciudades como Barcelona que se adelantaron en su puesta en marcha. Para proporcionar a los ayuntamiento un margo legal a partir del cual poder aprobar sus propios reglamentos de aplicación de la ZBE el Gobierno aprobó en diciembre de 2022 un real decreto que fija entre otras cosas el régimen sancionador y la obligación de desarrollar procesos participativos con la ciudadanía y sectores afectadas para la implantación de las citadas zonas en aras de la seguridad jurídica.

València baraja implantar la Zona de Bajas Emisiones "por fases" y de "forma escalable"

El ayuntamiento de València ya está llevando a cabo el proceso participativo. Cuando se acabe y en base a las conclusiones se empezará a redactar el reglamento de aplicación que irá paralelo con la instalación de las cámaras. "Es un proceso largo" apuntan fuentes municipales, que añaden que la previsión es poder implantarlo a final de año.

La celebración de elecciones este mes de mayo no ha ayudado a la implantación de la ZBE una medida que, dadas las repercusiones que tendrá para la población, genera incertidumbre y que sumada a las todavía deficientes alternativas de transporte público metropolitano puede tener un elevado coste político para los gobernantes.

El Ayuntamiento de València licitó en julio del año pasado el contrato de asistencia y dirección facultativa de la ZBE por 652.000 euros. Al contrato de consultoría y dirección facultativa para la implantación de la ZBE de València se presentaron tres propuestas. Además de la ganadora optaron al contrato Tekia Ingenieros y CPS Infraestructuras de Movilidad y Medio Ambiente. Esta última quedó excluida por presentar una oferta económica "anormalmente baja" según lo estipulado por la Ley de Contratos. La UTE Applus-Gecival ha recibido 87,6 puntos frente a los 77,5 de Tekia.

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