El PP revisa la 'ordenanza del botellón' para evitar nuevos reparos jurídicos

El proyecto de Ordenanza de Convivencia y Civismo que dejó sin aprobar el gobierno de Joan Ribó y el anterior concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, ha sufrido un nuevo retraso en su tramitación. Tras rechazar el texto hasta dos veces los servicios jurídicos municipales, el nuevo gobierno de María José Catalá y del concejal Jesús Carbonell han decidido someter a «una revisión integral» esta norma fundamental para combatir cuestiones que causan gran alarma social como el botellón, el incivismo, las reyertas, los ataques homófobos o los delitos de odio.

Han pasado casi 6 años desde que la regidora socialista Anaïs Menguzzato firmara en 2018 un convenio con la Universitat de València, que se ha encargado de redactar este texto legal que tantos reparos ha suscitado de los técnicos municipales. Ahora los populares van a darle una nueva «pensada» al texto, como diría Catalá, lo que va a provocar otro retraso de varios meses. Ya llevamos casi un año desde que en enero de 2023 trascendió que los propios abogados del ayuntamiento consideraban que el borrador de ordenanza presentaba numerosas carencias y que por segunda vez lo rechazaban.

El actual equipo de gobierno del PP ha decidido abordar la tramitación y la aprobación de la nueva norma «conjuntamente y poniendo a todos los servicios implicados -policía, urbanismo, espacio público, entre otros- a trabajar desde el principio de forma coordinada». En particular, Seguridad Ciudadana quiere estar en estrecho contacto con los servicios jurídicos municipales y con la abogacía para «lograr consensos» con estas áreas y que no vuelva «a haber sorpresas» que explican que los técnicos jurídicos ya hayan tumbado hasta dos veces el documento.

En particular, los juristas del Ayuntamiento de València descartaron el borrador que propuso la delegación de Aarón Cano porque «entraba en contradicción con otras ordenanzas», incluso se arrogaba competencias que no son municipales ni locales.

Ahora bien, el asunto que preocupa especialmente a los actuales gestores del PP es que el régimen sancionador previsto en esta ordenanza genera dudas a los servicios jurídicos, ya que puede provocar un aluvión de recursos en el futuro, en definitiva, las multas y las sanciones impuestas pueden enfrentarse a multitud de recursos que harían inútil o ineficaz esta normativa local.

Hace un año, el concejal de PP Santi Ballester, denunciaba que pese a haber costado 120.000 euros, este borrador de ordenanza, incurría «en incompatibilidad con otras normas jurídicas, duplicidad con conductas reguladas y sancionadas en otras ordenanzas municipales, y continuidad en la protección de bienes jurídicos que gozan de protección penal o ubicación conflictiva en la propia ordenanza», tal como alertaron los servicios jurídicos municipales. Por su parte, el principal afectado, Aarón Cano, hacía unas declaraciones en enero en Levante-EMV en las que veía «algo extraño» en estos dictámenes del servicio jurídico y recordaba que no son vinculantes. «Es extraño que el mismo abogado del ayuntamiento con el que vamos consultando el texto sea luego el que muestre reparos al mismo», afirmaba. Además, sobre la regulación del botellón, Cano relataba que los juristas les advirtieron que ya existe la Ley de Salud Pública de la Generalitat Valenciana que prohíbe el consumo de alcohol en la calle, «cuando nosotros no vamos a atacar el botellón por el consumo de alcohol sino por las molestias que genera a los vecinos, por el derecho al descanso», aducía el exconcejal socialista.

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