Compromís denuncia que el Ayuntamiento sube el alquiler a 530 familias en viviendas municipales

La portavoz de Compromís per València Papi Robles ha criticado la política de vivienda de Catalá que ha calificado de "cruel". Robles denuncia que hay personas que han pasado de pagar una media de 200 euros más en el alquiler de las viviendas públicas propiedad de Aumsa. Un incremento que también se ha producido en las plazas de garaje que se han duplicado. Alrededor de unas 530 familias están afectadas.

"Mientras baja el IBI en las rentas altas, da barra libre a los apartamentos turísticos y recorta en ayudas a la gente que vive en la calle, Catalá se dedica a atacar a las personas que viven en pisos de alquiler social municipal", ha asegurado Papi Robles.

AUMSA se plantea como objetivo construir 213 viviendas de alquiler asequible

Los aumentos de la última factura han llegado hasta un 30% más sin notificación previa, como denuncian las familias afectadas. La portavoz de Compromís señala que "el gobierno del PP y Vox no ha querido renovar el convenio para garantizar a las personas afectadas un alquiler asequible y Catalá no se ha dignado ni a comunicarles esta decisión".

Papi Robles ha anunciado que Compromís presentará una batería de propuestas en el próximo Pleno para que "la alcaldesa rectifique esta decisión que es cruel, que es arbitraria y que es un insulto a las personas que confiaron en la vivienda pública municipal". "Es una irresponsabilidad que bajan el IBI a los ricos mientras suben el alquiler al que más lo necesita", ha lamentado la portavoz valencianista.

"Hemos pedido que devuelvan la factura"

Por su parte, desde la Asociación de Inquilinos de Vivienda Pública afean que la subida de estos alquileres se haya realizado sin aviso ni negociación, algo que contrasta con la etapa anterior. "Nosotros siempre hemos intentado acodar los precios con acuerdos que se han ido renovando, pero en este caso nadie ha contactado con nosotros. Hace 15 días nos dijeron que nos iban a dar cita para una reunión en Urbanismo, sin embargo han subido los alquileres antes siquiera de llamarnos", asegura la presidenta de la entidad, Trini Piquer.

En este sentido, Piquer asegura que su asociación ha pedido a los inquilinos que devuelvan la el recibo de la subida y paguen la renta correspondiente al coste anterior, algo que contravendría el Código Civil, que en obliga a pagar y luego reclamar la diferencia en lugar de pagar parcialmente e incurrir en una deuda.

Finalmente, la presidencia de la asociación critica que el Ayuntamiento haya decidido cerrar la oficina ubicada en la calle Vall de Crist, lugar donde se negociaban los pormenores contractuales entre la asociación de inquilinos y la gerencia de Aumsa. "En las últimas semanas estamos asistiendo a un cierre de la comunicación con la empresa", denuncia la presidenta de una asociación que ha repartido por Ciutat Vella carteles denunciando la subida de los alquileres y el cierre de la citada oficina.

Fin a la bonificación

Preguntado por estas subidas de los alquileres municipales, el concejal popular y portavoz del gobierno municipal Juan Carlos Caballero ha argumentado que la subida de los alquileres responde a la finalización de una bonificación que hasta ahora venía abaratando las rentas, establecida incialmente por por la baja demanda de estos pisos en un contexto opuesto al actual.

Según ha explicado Caballero, cuando el precio medio de este alquiler y el de mercado eran similares se impulsó la bonificación para que más gente eligiera vivir en los pisos municipales, muchos de ellos vacíos. "Pero gracias al gobierno anterior los precios el alquiler están disparados y la lista de espera para acceder a las viviendas de Aumsa es de 1360 solicitudes", ha dicho sobre el escenario actual. Y ha añadido: "La bonificación se acaba porque porque el anterior porque el ejecutivo anterior dejó fijado el fin de la prórroga para este mes. Ellos pusieron la fecha de caducidad".