Condenado un menor por filtrar un vídeo íntimo de la víctima de la violación grupal de Burjassot

La jueza de Menores número 2 de València ha condenado a "tres meses de tareas socioeducativas para aprender a usar adecuadamente las nuevas tecnologías" al menor que filtró un vídeo íntimo de la niña de 12 años que fue víctima de una violación grupal en Burjassot en mayo del año pasado. La filtración intencionada de la grabación, que la menor le había enviado voluntariamente pero no para ser difundido, se produjo después de que la relación sentimental entre ambos llegase a su fin, en unos hechos previos a la agresión sexual múltiple.

Además de esa reeducación de tres meses -la medida correctora es baja porque el adolescente, que ahora tiene casi 17 años, ha asumido los hechos-, el autor de la revelación de secretos deberá indemnizar a la menor con 1.200 euros y pagar las costas del juicio. Es el acuerdo de conformidad al que llegaron cuando se iba a celebrar el juicio la fiscal, la defensa y la acusación particular, ejercida en nombre de la madre de la niña por el despacho del penalista valenciano Juan Carlos Navarro.

Sin relación con la violación múltiple

Se trata del mismo vídeo que uno de los abogados de los acusados por la violación grupal, para quienes la Fiscalía de Menores pide un total de 21 años de internamiento, tal como ha adelantado en exclusiva Levante-EMV, mostró a la jueza de Menores el día que pasaron a disposición judicial tras su detención, en un intento por desacreditar a la niña pese a que su vida íntima y el hecho de haber sido brutalmente violada en grupo son, obviamente, dos hechos independientes. Se da la circunstancia de que la jueza en ambas causas es la misma.

Lo que no aclara la sentencia, ni ha aclarado la investigación, es cómo ese vídeo, que la menor había enviado inocentemente a su entonces pareja, acabó en manos de los acusados de la violación grupal, ya que ni el ahora condenado, ni los acusados de las agresiones sexuales se conocían con anterioridad.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, da como probado que la niña y el ahora condenado mantuvieron una relación entre los meses de enero y febrero de 2022. La menor tenía 12 años y el adolescente, 15, cuando esa relación concluyó. Y fue entonces cuando él, tal como ha admitido ahora, envió el vídeo sexual, uno de tantos que se intercambiaron, a un grupo de Instagram en el que estaban ambos dos y una pareja más.

Delito de revelación de secretos

Pero no se quedó ahí. En las semanas siguientes, también le hizo llegar la grabación íntima a otras dos chicas. A partir de ahí, se dispararon los reenvíos y la grabación fue pasando de mano en mano sin control. Por esa razón, se le considera autor de un delito continuado de revelación y descubrimiento de secretos.

Cuando la niña fue consciente, se lo contó a su madre, que denunció el delito en una comisaría de la Policía Nacional. La casualidad hizo que esa denuncia fuese interpuesta solo seis días antes de que se produjesen las violaciones en la casa abandonada de Burjassot, pese a que los dos delitos no tienen conexión entre sí, salvo por la exhibición del vídeo ante la jueza que alguien hizo llegar con la peor de las intenciones al entorno de los presuntos agresores sexuales.

Graves secuelas psicológicas

Tal como recoge la sentencia, como consecuencia de estos hechos, la niña "presenta una sintomatología postraumática muy acusada" y agrega, basándose en el informe psicológico realizado por el Instituto de Medicina Legal (IML) de València que los hechos han repercutido "muy negativamente en la menor, aumentando así su vulnerabilidad y dejando ver un perfil psicológico notablemente desajustado".

"Mi hija lleva seis meses sin apoyo psicológico desde la violación grupal porque no le han permitido declarar"

También afirma que "se observa la obtención de un perfil psicológico notablemente disfuncional, lo que en el futuro podría abocar al deterioro de su salud mental mediante el desarrollo de diferentes cuadros de naturaleza clínica, siendo altamente recomendable evitar su revictimización a lo largo de los diferentes procesos judiciales y focalizar la importancia de continuar con el tratamiento psicológico que actualmente se encuentra recibiendo", ya que su estado emocional y psicológico aún se deterioró más a partir de las violaciones, una individual y una grupal cometida por tres menores, uno de ellos inimputable porque tenía 13 años, uno menos de los que exige la ley para poder ser responsable penalmente de un delito.

C. Seguí tiene nuevo abogado: el hijo de Múgica

No es la única investigación judicial por la filtración de un vídeo sufrida por esta menor. La juez de Instrucción 6 de València ha ordenado la apertura de juicio contra la líder ultra Cristina Seguí, cofundadora de Vox en València y presidenta de la asociación Gobiérna-te, por la difusión de otra grabación en la que aparecían las dos niñas víctimas de las violaciones de Burjassot y un amiga de ellas hablando sobre esos hechos.

La Fiscalía, tal como ha publicado este periódico, pide cuatro años y medio de cárcel para Seguí por esos hechos, ya que los tuits que publicó negando las violaciones y alterando la edad de las menores contribuyeron a desvelar la identidad de las adolescentes -revelación de secretos- y atentaron contra su integridad moral, según el auto de apertura de juicio oral.

Ahora, y dentro de ese proceso judicial, Seguí, a las puertas del juicio, ha decidido cambiar de abogado. Así, ha prescindido de la letrada que ha defendido hasta ahora sus intereses y ha nombrado al abogado donostiarra Rubén Múgica Heras, hijo de Fernando Múgica, el histórico dirigente histórico del Partido Socialista de Euskadi (PSE) asesinado por la banda terrorista ETA en su ciudad natal, San Sebastián, en 1996.

Rubén Múgica, especialmente crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su "alianza con herederos de los criminales", fue candidato al Congreso de los Diputados por UPyD, el partido fundado por Rosa Díaz tras escindirse del PSE, en las elecciones generales de 2011. El nuevo abogado de la líder ultra valenciana asumió su defensa el pasado 28 de diciembre.